El precio de la Justicia

La única manera en que puede quedar impune la muerte de 65 mineros ocurrida en San Juan de Sabinas, Coahuila (2006). El derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacánuchi y Sonora (2014). El derrame de 240 toneladas de ácido sulfúrico a escasos metros del Río Santa Cruz en Nogales, Sonora (2014), y la fuga en un tanque que provocó el derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico en las aguas del Mar de Cortés en Guaymas, Sonora (2019), es porque eres el segundo hombre más rico del país, ocupas el lugar 62 dentro del listado de los multimillonarios del mundo, y te alcanza para comprar la (in) justicia. De quien hablamos, su nombre es, Germán Larrea Mota Velasco.

En el sector empresarial mexicano existen negocios y empresas que generan grandes cantidades de dinero, pero de las cuales se desconoce a los dueños o socios, incluso hay empresarios que pasan desapercibidos como Germán Larrea, presidente y director general de Grupo México, empresa multinacional considerada la empresa minera más grande del país, la primera productora de cobre en México y Perú, y la cuarta más grande del mundo.

Grupo México es una macroempresa cuyo origen data de 1942. Es un conglomerado de más de 125 filiales que opera tres divisiones de negocios: Minera México, Grupo México Transportes y Grupo México Infraestructura.

De ser propietario de una constructora de mediano alcance, su padre, Jorge Larrea, de la mano del entonces presidente Miguel Alemán (1946-1952) y de su círculo político, pasó a ser uno de los amos y señores de la minería en México, gracias a la mexicanización de este sector estratégico que llevó a cabo Adolfo López Mateos en 1961(Fernández, 2022).

Asimismo, de acuerdo con la investigadora de la UAM; Aleida Azamar, otro de los hechos relevantes es que Jorge Larrea (padre de Germán) llevó a la bancarrota a varias de sus empresas para que el gobierno del país saneara sus finanzas, de manera posterior, el mismo Larrea las volvió a adquirir a un precio mucho más bajo. Estas operaciones se repitieron durante muchos años y fue posible gracias a la cercanía del empresario con los presidentes Carlos Salinas y después, Ernesto Zedillo.

Hasta octubre de 2023, con base en el portal Contralínea, Grupo México gozaba de 604 títulos para la explotación minera mediante siete filiales en 14 Estados de la República para la extracción de recursos metálicos y no metálicos; la mayor parte sin permisos de explotación vigentes.

Por entidad federativa, el mayor número de concesiones se encuentra en Zacatecas con 152. Sonora con 130. Chihuahua posee 115 y la lista sigue con 51 concesiones de territorio de Guerrero; 42 de Coahuila; 28 de San Luis Potosí; 20 de Baja California; 19 de Sinaloa; 15 de Nayarit; 14 de Jalisco; siete de Michoacán; cinco de Durango; una de Aguascalientes y una del Estado de México.

Por otro lado, de acuerdo con esta investigadora, si se revisan las Cuentas Económicas y Ecológicas de México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y se contrasta con información de la Auditoría Superior de la Federación, se puede observar que gran parte de la degradación ecológica (la tercera parte de esta) que sufre el país es resultado de la minería y estos costos son asumidos por todos los mexicanos sin que el Estado intervenga para que empresas como Grupo México asuman su responsabilidad.

En lo que respecta al tema de la mina Pasta de Conchos que dejó 65 mineros muertos tras un derrumbe el 19 de febrero de 2006, donde solo se recuperaron 2 cuerpos y el resto quedó sepultado, la Secretaría de Gobernación (Segob), la de Trabajo y Previsión Social (STyPS) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dieron a conocer el pasado miércoles 12 de junio, el  hallazgo de restos humanos y herramientas de trabajo en una de las galerías donde según las bitácoras se encontraban 13 de los trabajadores atrapados.

Esta noticia devuelve la esperanza a las familias y marca un avance significativo en la búsqueda de justicia. De lo que se sabe, es que la mina donde ocurrió el accidente no tenía ventilación, los trabajadores no contaban con equipo de seguridad y estaban subcontratados con salarios de apenas 110 pesos diarios. Laboraban en minas que no eran inspeccionadas; además, las vigas de acero en los túneles estaban deformadas debido a que cargaban más peso del que soportaban y estaban sostenidas por pilares de madera y no de metal, tampoco había muros de contención de derrumbes y el equipo eléctrico que usaban los mineros estaba incluso descontinuado o prohibido por la normatividad mexicana.

El accidente ocurrió casi a finales del sexenio de Vicente Fox, luego vino el de Felipe Calderón, el de Enrique Peña Nieto y la impunidad siguió. Grupo México cerró definitivamente la mina Pasta de Conchos en noviembre de 2018, la empresa de Germán Larrea argumentó que el objetivo era “evitar que se convirtiera en una cámara explosiva” debido a la acumulación de oxígeno y otros gases. En enero de 2024, López Obrador visitó la zona y ordenó a la CFE comenzar con el rescate, sin embargo, los trabajos se fueron retrasando hasta ahora, cuyos primeros resultados se dieron a conocer por parte de la Secretaría de Gobernación.

En cuanto al derrame de sulfato de cobre acidulado en el rio Bacanucí y Sonora (2014) que afectó a más de 22 mil personas de siete municipios situados en las orillas del Río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures. Cabe recordar que los metales pesados son bioacumulables, por lo que las consecuencias por consumirlos mediante agua contaminada pueden tardar meses o años en aparecer.

Grupo Poder documentó que el nivel de contaminación de la zona ha representado graves riesgos para la salud de los pobladores.  En julio de 2017, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS) reportó que 381 personas presentaban desechos tóxicos en sangre y orina. Asimismo, habrían sido afectadas por enfermedades de la piel, enfermedades renales, cardiovasculares y oculares. Los testimonios de habitantes de la región confirman que las enfermedades del estómago y de la piel se volvieron frecuentes entre los habitantes cercanos al Río Sonora.

El pasado 9 de junio con mensajes proyectados en la fachada de Palacio Nacional, los Comités de Cuenca Río Sonora (movimiento social de personas afectadas por el derrame tóxico de la minera Buenavista del Cobre en los Ríos Sonora y Bacanuchi) pidieron a la virtual Presidenta, Claudia Sheinbaum, que no olvide al Río Sonora; que no deje que la empresa del segundo hombre más rico de México intoxique su Gobierno como ha intoxicado la vida de más de 22 mil personas.

Los asistentes declararon:” Quienes vivimos en el río tenemos en nuestros cuerpos altos niveles de plomo, cadmio, arsénico y otros metales pesados; hemos perdido amigos y familiares por las enfermedades que causan estos contaminantes y nadie nos ha dado atención especializada en toxicología. Las niñas y los niños siguen tomando agua contaminada en las escuelas, pues, según el reciente Dictamen de SEMARNAT, todos los pozos que son fuente de agua potable tienen arsénico y 50% de ellos altos niveles de algún contaminante; además no existen las 36 plantas potabilizadoras que nos han prometido todos estos años”.

Para Manuel Muñoz (2022), Grupo México es un verdadero exponente de la clase dominante mexicana, cuyas ganancias se basan en la explotación de la clase obrera, esto, gracias a sus vínculos con la llamada “clase política”. Frente a la irracionalidad capitalista que lleva al planeta a la destrucción y a millones a la miseria, es necesario construir una sociedad nueva, sin explotadores ni explotados y donde la humanidad aprenda a vivir en armonía con la naturaleza.

En nuestro país, existe la falsa creencia de que los hombres más ricos de México como: Carlos Slim, Germán Larrea y Ricardo Salinas Pliego, han sido hermanas de la caridad preocupados por la clase trabajadora y por promover el desarrollo de la nación y no es así, pues son precisamente estos grandes empresarios los que se niegan a la aprobación de la jornada laboral de 40 horas y únicamente están pensando en llenarse las bolsas de dinero a costa de lo que sea.

Basta recordar que Carlos Slim, el accionista mayoritario de la empresa que construyó el tramo de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, se deslindó del colapso de la obra que derivó en la muerte de 27 personas (2021), y Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisora TVAzteca y de las tiendas Elektra, tiene un adeudo de más de 60 millones de pesos en impuestos y se niega a pagar aun cuando el gobierno accedió a brindarle facilidades que por cierto,  no merece, para que pague algo así como en “abonos chiquitos”, tema del que tiene amplio conocimiento.

Mientras la riqueza de unos cuantos se construya sobre condiciones de trabajo inhumanas, donde la precariedad a la que son sometidos las y los trabajadores los lleve al límite sabiendo que en cualquier momento pueden perder la vida y el gobierno no hará nada, hechos como los que se han narrado seguirán ocurriendo. La justicia no puede ser para quien la compra, necesitamos que el poder judicial deje de proteger a los delincuentes de cuello blanco, empresarios que están acostumbrados a que con su dinero pueden comprar todo, incluso la vida de las personas y la “no impartición de justicia”.