Ley y realidad
Por: Inigo Cantú
El Fraude a la ley
Hoy se me ocurrió escribir de un tema que afecta a todos, a veces afecta a los ciudadanos y a veces a los gobernantes.
El Fraude a la Ley no es un fraude en términos de las leyes penales, es en realidad algo un poco más sofisticado y en la mayoría de los casos no es sancionable o punible.
Trataré de ser claro y explicar que es el fraude a la ley, pero adelanto diciendo que esta figura, no es más que “darle la vuelta” a la ley para obtener un beneficio ilegal disfrazado de legal.
Imagine querido lector, que es algo así como el ejemplo de cuando le dicen a un adolescente “no te quiero ver sentado sin hacer nada” y cuando lo ven sin hacer nada el adolescente contesta “tu dijiste que sentado y estoy acostado” así que no me puedes castigar.
Encontré este tema hace muchos años en materia tributaria, al descubrir que, en materia fiscal internacional, era común encontrar operaciones que tenían como finalidad que los contribuyentes se ubicaran dentro de un concepto “legal” para obtener beneficios de tratados internacionales para evitar la doble imposición, aunque la “razón de negocios” no fuera más que obtener beneficios fiscales, es decir, no existía una verdadera “razón de negocios”.
Lo que además acuñó el concepto “razón de negocios”; mismo que hoy ha recogido nuestra legislación domestica fiscal en el Artículo 5-A del Código Fiscal de la Federación, sin embargo, el fraude a la ley no solo aplica en materia fiscal; existen algunos ejemplos que, en mi opinión “le dieron la vuelta” a la ley para evitar una sanción o para lograr beneficios indebidos, tanto de parte del Estado como por parte de los ciudadanos.
El fraude a la ley no se castiga, salvo que exista una simulación y ésta sea declarada por un juez, y lo más común, al menos en materia fiscal es; la recaracterización de los actos para efectos fiscales (no civiles ni mercantiles) cuando el que pierde en la aplicación del fraude a la ley es el Estado, sin embargo, no existe castigo ni recaracterización en beneficio de los ciudadanos cuando es el Estado quien aplica dicho fraude a la ley.
No pretendo apuntar a ningún fraude a la ley específico cometido por el Estado, aunque existen muchos, me vienen a la mente fraudes a la ley en materia electoral, laboral, de salud, administrativa, tanto en ésta administración como en administraciones pasadas.
Propongo que diseñemos un protocolo, ley o proceso que determine la existencia o inexistencia de fraude a la ley en perjuicio de los ciudadanos, y en su caso les sea resarcido, indemnizado, recaracterizado el acto o al menos se castigue al causante, o que los ciudadanos entiendan y conozcan las razones de la actuación.
Es relativamente sencillo lograrlo, se trata de investigar el acto defraudador de la ley, conocer la exposición de motivos y los debates al momento de la creación de leyes y logramos entender las intenciones de los creadores de la norma.
Si advertimos que quien aplicó la norma llegó a un lugar diferente a la “verdadera intención de los legisladores” de esa norma, entonces sabremos si estamos o no ante un Fraude a la Ley.
Recordemos que El Estado es garante de la correcta aplicación de la norma en beneficio del pueblo, SIEMPRE en beneficio del pueblo. para eso es la ley y para eso, entre otras cosas existe El Estado.
Icareus.
