Coinciden diputados que autoridades judiciales deben conducirse conforme a la ley

Toluca, Méx.- Integrantes de la Junta de Coordinación Política en el Congreso mexiquense, llamaron al Consejo de la Judicatura estatal a vigilar el desempeño de jueces y magistrados y sancionar sus conductas anómalas, si es que existieran.

Lo anterior, después del fallo de un juez, quien se señala de absolver al presunto agresor sexual de una niña de cuatro años de edad.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Elías Rescala Jiménez, recordó que todas las actividades del Poder Judicial deben estar reguladas por el Consejo de la Judicatura como encargado de revisar el comportamiento de sus jueces.

“Lo que como representantes populares y de representación social debemos esperar, es que las autoridades judiciales se conduzcan conforme a ley, que haya un tribunal que juzgue y los sancione, mientras tanto no podemos prejuzgar”, indicó.

Mientras que, Maurilio Hernández, vicepresidente de la Junta de Coordinación Política, llamó al Poder Judicial a poner atención en los casos en que se presumen anomalías, y confió en que éstos sean excepciones a la regla entre el comportamiento y la actuación ética en el ejercicio de la función judicial.

Tras coincidir con Rescala Jiménez, dijo que corresponde al Consejo de la Judicatura tomar cartas en el asunto, pues es la instancia facultada para dar seguimiento a la actuación de jueces, magistrados y, consecuentemente, sancionar cualquier violación al marco jurídico, particularmente a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Lo anterior, luego de que a través de redes sociales, se difundió el video de la audiencia del presunto agresor sexual de una menor de 4 años; en el audio, se escucha a quien parece ser la madre de la víctima, cuestionar las razones de la sentencia, sólo porque la niña no pudo precisar la hora en que ocurrieron los hechos.

Y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) expresó su preocupación y rechazó la determinación, al considerar que ignoró el interés superior de la niñez y vulnera los derechos fundamentales de la víctima.