Proponen cárcel a quienes abandonen a personas mayores y con discapacidad

Toluca, Méx.- Proponen en Congreso mexiquense, cárcel a quién o quiénes abandonen a personas mayores y con discapacidad por parte de sus propios familiares, quienes además se aprovechan material o económicamente de la situación.

La diputada Alicia Mercado Moreno, propuso que el delito de violencia familiar consideré también las modalidades de violencia psicológica, económica y patrimonial, con penas de tres a siete años de prisión.

En la iniciativa de reformas al Código Penal estatal, señala que, si la persona inculpada comete este delito en contra de una persona mayor de 60 años o con discapacidad, la pena se agravará hasta en un tercio, esto es que podría recibir más de 9 años de prisión, además de la perdida de los derechos hereditarios, los inherentes a la patria potestad, tutela o guarda y cuidado del menor o incapaz agraviado, a quien tenga el ejercicio de ésta, por resolución judicial.

También, expone que el abandono es otra de las manifestaciones de la violencia, que se materializa a través de la negligencia, el abuso definido como el acto injustificado de desamparo hacia uno o varios miembros de la familia con los que se tienen obligaciones que derivan de disposiciones legales y que ponen en peligro la salud o la vida.

Plantea que el abandono de una persona con discapacidad o adulta mayor se sancione con más de tres años de cárcel, perdiendo además los derechos inherentes a la patria potestad, custodia o tutela, si fuere ascendiente o tutor del ofendido, así como del derecho a heredar si estuviere en aptitud legal para ello.

La diputada morenista, expuso que: “Es de suma importancia que los Congresos legislen más y mejor pensando en las etapas de plenitud, pero sobre todo en la dignidad humana que debe prevalecer ante cualquier situación en la vida de las personas adultas mayores, ya que, lamentablemente en la actualidad, su ámbito familiar es quién más vulnera sus derechos e integridad”.

La misma fue remitida a dictamen de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y para la Atención de Grupos Vulnerables.