GIEI abandona México y denuncia obstáculos en investigación de caso Ayotzinapa

Ciudad de México.- Tras  ocho años investigando la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México, el Grupo  Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cerró este martes su trabajo en el país, pues denunciaron obstáculos a sus pesquisas y con un nuevo informe en el que, según afirman, se exponen las mentiras y ocultamiento de datos por parte de las Fuerzas Armadas.

El GIEI, ya sólo integrado por Carlos Beristain y Ángela Buitrago, abandonan el país sin poder aclarar cuál fue el destino de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Sin embargo, consideraron que el informe ofrece nuevas pruebas de la participación del Ejército en la desaparición de los jóvenes y de la Marina en el ocultamiento del crimen, por ejemplo, mediante “operativos clandestinos”, que pudieron conllevar presuntas ejecuciones extrajudiciales. Confió en que los nuevos datos tengan consecuencias legales en la investigación.

Dicho informe cruza información procedente de un análisis de telefonía de 500 llamadas, documentos, fotografías, videos, declaraciones y entrevistas a testigos y afirma que, la Marina realizó “un operativo de inteligencia de carácter reservado” desde el día siguiente al ataque a los estudiantes del que nunca informó y que llevó a cabo detenciones y torturas, “con resultado de muerte de algunos detenidos y sin que se conozca el destino y paradero de otros”.

Los expertos pidieron investigar dos posibles ejecuciones extrajudiciales y cinco desapariciones, todas aparentemente de supuestos delincuentes.

Señalaron que encontraron una foto de dos cadáveres maniatados con vendas similares a las que se ven en videos de detenciones de la Marina e informes oficiales de dos muertes sin explicar, así como fotos de otros detenidos vivos siendo interrogados y que luego no fueron puestos a disposición de la fiscalía y su paradero no se conoce. La información fue corroborada con testimonios de un testigo protegido.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que estas acciones, así como la manipulación de pruebas clave, fueron parte del intento de autoridades por ocultar lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando policías locales capturaron a los estudiantes con la participación de otras corporaciones de seguridad locales, estatales, federales y de miembros del crimen organizado.

La Fiscalía General de la República ya abrió proceso penal a más de una docena de militares por desaparición forzada y ha enjuiciado, entre otros funcionarios, al ex procurador general Jesús Murillo Karam, por desaparición, tortura y obstrucción a la justicia creando una versión oficial que resultó falsa.

“Las pruebas muestran que distintas autoridades saben lo que sucedió o tienen información relevante que no ha sido proporcionada, tal vez pensando que van a poner en la cuerda floja a algunos de sus hombres que pudieron haber participado”, denuncia el GIEI, lo que habla de “altas instancias del Estado como parte del crimen organizado”, agrega.

El nuevo peritaje de llamadas presentado por los expertos de la CIDH, confirma un mayor protagonismo del Ejército en los hechos, porque muestra la presencia de militares en sitios clave en los que negó haber estado.