Aprueban en comisiones ajustes al sistema de responsabilidades del Poder Judicial mexiquense

Toluca, Méx.- Las comisiones legislativas unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Administración y Procuración de Justicia, aprobaron ajustar el sistema de responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de México con los criterios más recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impulsando así una legislación mexiquense a la vanguardia.

La iniciativa presentada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por el diputado Elías Rescala Jiménez, el presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, quien estuvo presente durante dicho análisis, explicó que los servidores públicos deben estar bajo el escrutinio permanente de la sociedad y de las autoridades para no cometer actos que afecten la dignidad de las personas, pues tienen que poner el ejemplo con su buen actuar.

Dijo que con ello, se busca que nadie esté por encima de la Ley y se brindará certeza a la ciudadanía respecto a que los servidores públicos que cometan alguna falta serán sancionados.

“El Estado de México está pendiente de los criterios de última generación de la Corte y actúa con eficiencia interinstitucional, y segundo, da cuenta de la extraordinaria relación y la fortaleza de sus instituciones”, señaló Sodi Cuellar.

Recordó que, en febrero pasado, la SCJN estableció estándares mínimos que deben contemplarse en los sistemas estatales de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de los poderes judiciales.

Asimismo, dijo que, el  dictamen aclara el concepto de servidores públicos del Poder Judicial del Estado; establece temporalidad en sanciones; distingue entre faltas graves y no graves conforme a la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos y establece como requisitos para acceder a los cargos de secretario, actuario o perito, no estar cumpliendo con alguna sanción o estar inhabilitado.

Finalmente, se precisa que las atribuciones del Consejo de la Judicatura para imponer las sanciones administrativas previstas en esta Ley, con excepción de la destitución, prescribirán en 3 años tratándose de faltas administrativas no graves y en 7 años tratándose de faltas administrativas graves.