Capacitan a personal del Poder Judicial sobre las alertas de violencia de género

Toluca, Méx.- Para que todas las instancias tengan conocimiento sobre las Alertas de Violencia de Género y con la finalidad de que se involucren en garantizar el bienestar de niñas, adolescentes y mujeres, se capacitó a personal del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) en esta materia.

La capacitación estuvo a cargo de la Dirección General de Perspectiva de Género de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), la cual impartió la capacitación “Avances y retos de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de México”.

En la capacitación se explicó que, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es el conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y temporales realizadas entre las autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.

Se mencionó que, a nivel nacional, 23 estados cuentan con Alerta de Violencia de Género, en el caso del Estado de México, la primera Alerta fue declarada en el 2015 por feminicidio y contempla 11 municipios, mientras que en el 2019 se emitió la segunda alerta enfocada a la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en siete municipios.

Derivado de estas dos declaratorias se emitieron diversas medidas que han representado avances importantes como la recuperación de espacios públicos con perspectiva de género, que implican un análisis especializado, por ejemplo, reconocer cuáles son los focos rojos de atención donde más delitos se cometen contra las mujeres, y conocer los espacios donde transita el mayor número de mujeres, entre otros factores.

Otra de las medidas es la creación de las Unidades de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, así como la Policía de Género que permite brindar atención de primer contacto a mujeres en situación de violencia y en materia de prevención de la violencia feminicida, así como la asignación de recursos para la atención, sanción e institucionalización de la capacitación, así como la participación y vinculación de la academia y organizaciones de la sociedad civil para generar conocimiento.