Se tendrá certeza jurídica sobre asentamientos irregulares en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- Asentamientos consolidados que tuvieron un origen irregular, donde habitan más de cien mil habitantes, con la firma del Convenio de Colaboración, entre el gobierno de Naucalpan y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, ahora tendrán certeza jurídica sobre su patrimonio.
El convenio, que tiene como objetivo generar acciones de urbanización, y ordenamiento de asentamientos irregulares en el municipio, de acuerdo con programas generales para favorecer a los grupos más vulnerables, fue signado por la presidenta municipal Angélica Moya Marín y el representante regional de INSUS en el Estado de México, Alejandro Hernández Gutiérrez.
La alcaldesa Moya Marín afirmó que el convenio, además de brindar certeza jurídica a los beneficiarios, evitará las construcciones informales en zonas habitadas, que crecerán de manera ordenada limitando los desarrollos clandestinos.
Destacó la coordinación con las autoridades federales para implementar este tipo de políticas públicas que permitirán brindar servicios de mejor calidad en las comunidades.
En tanto que, Alejandro Hernández Gutiérrez refirió que Naucalpan es un municipio que ha trabajado durante varios años en el proceso de regularización de la tierra, ejemplo de ello son los pueblos de San Francisco Chimalpa y Santiago Tepatlaxco, comunidades que reciben una importante presión urbana y en donde se realizan esfuerzos para evitar asentamientos irregulares.
“Estamos buscando un mejor ordenamiento territorial y desarrollo urbano, que la gente no se establezca en asentamientos irregulares, ya que esto incrementa el costo de los servicios entre dos y ocho veces más de su valor original”, apuntó.
Por su parte, el titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano de Naucalpan, Fernando Montes de Oca Sánchez indicó que, con este convenio de colaboración, el Ayuntamiento de Naucalpan y el INSUS buscan reconocer el derecho de las familias a una vivienda digna y combatir la marginación de los ciudadanos que no tienen acceso a la infraestructura y a los beneficios de las zonas urbanas.