Utilidades de aerolínea del Ejército deben ser para pagar pensiones

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso que la aerolínea que creará y operará el Ejército lleve por nombre Mexicana de Aviación, y que sus utilidades sean utilizadas para el pago de pensiones.
“Sería muy bueno que se usara el nombre de Mexicana de Aviación en esta empresa que posiblemente se constituya, para que tampoco les extrañe que ¡cómo se va tener una empresa pública de aviación! Pues se tenían dos, y ¿por qué va ser una empresa de la Defensa? Pues para procurar que haya una custodia, porque les va costar un poco más, toco madera, si regresan. No es lo mismo quitársela y privatizarla como lo hicieron si está en manos de Comunicaciones que si está en manos de la Defensa, además, las utilidades de esa empresa van a ser destinadas para las pensiones a los integrantes de las Fuerzas Armadas”, planteó.
Recientemente, el presidente López Obrador confirmó que las Fuerzas Armadas tendrán su propia aerolínea, con una flotilla de 10 aeronaves, incluido el avión presidencial, y que operará rutas “abandonadas” por líneas aéreas comerciales.
El mandatario federal explicó que las Fuerzas Armadas se encargarán de esa nueva aerolínea para evitar que se privatice.
“Es proteger bienes de la nación porque estamos haciendo obras con presupuesto público que no queremos que de nuevo se privaticen, como le llamaban ‘se desincorporen’ por no ser, según los tecnócratas, empresas estratégicas”, comentó.
El mandatario federal aclaró que no serán “muchos los recursos” que su gobierno invierta y confió en que esa empresa generará en un año de operación utilidades.
“Contamos con la experiencia de la Fuerza Aérea desde hace mucho tiempo, hay talleres, hay pilotos, mecánicos, ya tenemos lo fundamental, es rentar 10 aviones, ya se está haciendo el análisis sobre costo-beneficio y resulta que la empresa empieza a tener utilidades a un poco más de un año. Eso ayuda porque se va a dar servicio a ciudadanos a donde no llega ninguna línea aérea, el turismo va a crecer muchísimo, la economía de México está llamada a crecer”, precisó.
Por otra parte, informó que su Gobierno acudirá a otra instancia para continuar la demanda contra fabricantes de armas de Estados Unidos de América pesar de que un juez de ese país desestimó el caso la semana pasada.
Sus declaraciones se producen después de que el viernes pasado un juez federal en Boston rechazara la demanda que el Gobierno de México presentó en 2021 contra 11 fabricantes de armas por negligencia y fomentar el tráfico ilícito de sus productos, que propician la violencia en territorio mexicano.
El juez argumentó que la ley federal prohíbe “inequívocamente” los recursos legales que responsabilizan a la industria de que las armas terminen en poder de los narcotraficantes.
“Ya la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer un informe, una respuesta, que consiste básicamente en que se va a acudir a otra instancia, es decir, se va a apelar, se va a reclamar esta decisión y vamos a continuar con la denuncia”, mencionó.
México anunció la inédita demanda en agosto de 2021 contra algunas de las compañías de armas más grandes de Estados Unidos, como Smith & Wesson, Colt, Barrett Firearms o Sturm, Ruger & Co., para que reparen el daño y garanticen la no repetición.
El Gobierno mexicano atribuye a las armas estadounidenses gran parte de la violencia en el país, que registró 33.308 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34,690 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.
En la demanda se acusaba a los fabricantes de armas de “clara negligencia”, al “demostrar” que comercializan productos “que saben que van a dar a actividades ilícitas” o se diseñan para “ese tipo de mercados”, en referencia a los narcotraficantes.
Además, descartó que algún integrante de las Fuerzas Armadas busque contender por la Presidencia de la República y se pronunció en contra de que haya una autoridad militar en cargos de este tipo. El Ejército, dijo, es “leal al gobierno civil, legal, y democráticamente constituido”.
Finalmente, afirmó que el precio de la tortilla tiene que comenzar a bajar en diversos estados debido a que en el nuevo acuerdo para controlar la inflación en productos básicos, Maseca y Minsa se comprometieron a disminuir los precios de la harina de maíz en un 3%.
“Las tortillas dependen más de la harina de maíz y hay dos empresas que abastecen de harina a las tortillerías, que son Maseca y Minsa, los dos estuvieron aquí, hicieron el compromiso de hacer una disminución del 3% en la harina y además ya en los mercados internacionales, si no se agrava la situación de la guerra, hay una tendencia a que van a bajar los productos básicos”, comentó el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa.
En semanas pasadas, la Procuraduría Federal del Consumidor acusó a la empresa Maseca de influir negativamente en el precio de las tortillas, pues a costa de no bajar sus precios, obliga a las tortillerías a trasladar los costos a los consumidores.
La dependencia señaló que este es un fenómeno que debe atender la Comisión Federal de Competencia Económica, pues aunque el precio del maíz ha ido a la baja, Maseca sólo lo ha subido a tal grado que el precio del kilo de la tortilla ya ronda los 30 pesos en algunas tortillerías del país.
El lunes, el presidente López Obrador y 15 empresas de alimentos y comercializadoras, acordaron homologar los precios de 24 productos de la canasta básica y esta se topara en 1,039 pesos cuando menos hasta febrero de 2023.
De entre los compromisos que suscribieron el gobierno y el sector empresarial, se acordó la prohibición a la exportación de maíz blanco, sardina y algunos metales de chatarra como el aluminio.
Entre los compromisos está que los productores de harina de maíz, Maseca y Minsa no aumenten los precios de esta materia prima hasta febrero de 2023.
A dicho acuerdo asistieron Tatiana Clouthier, secretaria de Economía; Víctor Manuel Villalobos, titular de Agricultura; Altagracia Gómez Sierra, quien dirige a Grupo Minsa; Juan González Moreno, presidente de Grupo Maseca; y Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria, entre otros.