Carrera de relevos

Si tuviéramos que definir en una sola palabra nuestro sistema de procuración e impartición de justicia ¿Cuál sería? Incompetente, deficiente, corrupto, nefasto, ineficaz, defectuoso. La lista puede seguir y todos los adjetivos pueden aplicar, pero así es México, un país donde los actos de injusticia se dan al por mayor y los funcionarios públicos son clientes frecuentes y lo son porque ante los actos más bochornosos, descarados e inverosímiles cometidos, el manto de impunidad que se ha creado por décadas los protege.
Vayamos a los datos, de acuerdo con el informe presentado en octubre del año pasado por el centro de análisis “México Evalúa”, 94.8% de los casos denunciados en México quedan impunes como resultado de “un sistema que no cuenta con herramientas de priorización ni capacidades suficientes”. Pero, como en México lo de hoy es tener otros datos, la organización “Impunidad Cero”, con base en los resultados de su índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías 2021, refiere que, en nuestro país, el 99% de los delitos quedan en la impunidad.
Nuestro querido y lastimado México se encuentra inmerso en una crisis de derechos humanos con altos índices de violencia e impunidad desde hace más de una década según organismos defensores de los derechos humanos, con el incremento de personas desaparecidas y la incapacidad de los funcionarios para atender miles de denuncias, 2021 cerró como otro año con violencia incontenible, según Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Prodh.
Así es como llegamos al viernes 19 de agosto, a la detención del ex fiscal general de México, Jesús Murillo Karam, el principal constructor, pero no el único de lo que pretendieron vender como verdad histórica en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Este hombre es acusado por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia por el caso de los jóvenes. El exfiscal fue arrestado un día después de que la Comisión de la Verdad concluyera que la desaparición de los 43 estudiantes en 2014, fue “un crimen de Estado”.
Este caso es emblemático, pues condensa una serie de negligencias a todos los niveles, el trabajo que hoy se realiza es importante al intentar esclarecer lo que sucedió la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, pero no es suficiente, pues la lista de funcionarios implicados es amplia y por lo menos se puede mencionar a cinco; el expresidente Enrique Peña Nieto, el actual senador y en ese momento secretario de gobernación; Miguel Ángel Osorio Chong, el general en retiro, quien fungía como secretario de la defensa; Salvador Cienfuegos, el ex procurador general de la república; Jesús Murillo Karam y el exgobernador de Guerrero; Ángel Aguirre Rivero.
Todos fueron responsables, todos tuvieron conocimiento de lo que pasaba minuto a minuto en este caso y todos los implicados deben ser llamados a rendir cuentas, pues escondieron y simularon pruebas y eso los convierte en corresponsables de la atroz desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Por mucho tiempo se escudaron en lo que llamaron “la verdad histórica”, que no fue más que una gran farsa que pudo ser sostenida gracias al apoyo de distintos medios; periodistas y opinantes que también merecen ser vistos como cómplices.
Ya sabemos que fue un crimen de Estado y en consecuencia, hubo autoridades federales, estatales y municipales involucradas por acción o por omisión, pero nos faltan saber muchas otras cosas como: ¿Por qué alguien decidió que se tenían que desaparecer a 43 estudiantes? 6 muertos esa noche y 43 desaparecidos ¿Por qué? Esto no fue un mal entendido, no fue una confusión, esto fue una acción concertada, pero seguimos sin saber el motivo real de ordenar esta infamia ¿Quién dio la orden? Debemos exigir estas respuestas sin pasar por alto que, existen otras órdenes de detención y aunque se ha detenido a Murillo Karam, con él, no se agota el tema.
¿Realmente habrá castigo para los altos mandos? Veremos algún día a “peces gordos” en la cárcel sin privilegios o tratos especiales, o solo será un caso más, uno de tantos que se pierda en la espectacularidad del momento y terminará como una versión actualizada del caso y nada más. Por salud pública y del país, es impostergable comenzar con la impartición de justicia, no podemos seguir con Fiscalías de cuates, con sentencias a modo, armado de casos endebles y en general, con un sistema de procuración e impartición de justicia profundamente cuestionado.
Para terminar, pero no menos importante, el mismo viernes 19 de agosto, se dio lo que puede ser considerada una carrera de relevos, pues Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quedó en libertad tras pasar tres años en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada por el caso de la ‘Estafa Maestra’.
Con base en las imputaciones realizadas el 8 de agosto de 2019, el daño al erario se registró a través de 27 convenios generales que firmaron Sedesol y Sedatu con universidades públicas y sistemas de televisión estatales para la subcontratación de servicios, a pesar de que estos organismos carecían de la capacidad técnica para prestar los servicios requeridos y sin que se acreditara el cumplimiento de lo contratado en algunos casos.
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR), la exsecretaria presentó el pasado 17 de agosto una solicitud de cambio de medidas cautelares, para poder seguir su juicio en libertad, pues padece complicaciones de salud (cuantos y cuantas más no estarán en prisión en esta condición y no siguen “su proceso” en libertad). Así están las cosas en la vida pública y política del país, unos entran y otros salen, pero la justicia, la verdadera justicia, esa que necesitamos para volver a confiar no llega, y no descartemos que algo similar pueda pasar con Murillo Karam, para lo cual seguramente tendrá su relevo.