Juez ordena garantizar seguridad de Murillo Karam en reclusorio Norte

Ciudad de México.- Un juez federal otorgó una suspensión de plano al ex titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, para que no permanezca incomunicado, reciba la atención médica necesaria y se garantice su integridad física y su vida, mientras permanece en el Reclusorio Norte.
Antonio González García, juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, admitió a trámite la demanda de garantías promovida por Rosa Azucena Vargas Hernández, a nombre del ex funcionario.
El juzgador puntualizó que, el director del penal capitalino está obligado a evitar “cualquier acto que pongan en peligro la integridad física y emocional, así como su vida”, y garantizando las condiciones de dignidad, sanidad, higiene y conceder todos los tratos humanitarios.
Asimismo, la autoridad penitenciaria tiene que garantizar, por sí o por conducto de quien corresponda, la salud e integridad física y psicológica de Murillo Karam, por lo que de manera inmediata deberá tomar todas las prevenciones, acciones y medidas pertinentes para controlar y/o evitar su contagio de COVID-19.
También le hizo saber a la autoridad, que deberán ser respetuosas de la dignidad y de los derechos humanos del directo quejoso, prevenir cualquier acto tendente a menoscabar su esfera personal, por lo que deberá, bajo su más estricta responsabilidad, permitir el acceso de familiares, abogados y/o autorizados de aquellos, en las condiciones y bajo las medidas de seguridad que la propia responsable estime conveniente atendiendo a la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país.
Por otra parte, la Fiscalía General de la República notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre las 20 órdenes de aprehensión que un juez federal libró contra mandos y tropa de los batallones 27 y 41 de Infantería, presuntamente vinculados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, para que proceda a localizar a su personal y presentarlos.
Funcionarios del gobierno federal indicaron que la notificación se realizó al área jurídica de la institución para que ubique a los elementos castrenses que estuvieron comisionados en Guerrero en septiembre de 2014, época en que los normalistas fueron atacados, secuestrados y desaparecidos por el grupo criminal de Guerreros Unidos con el apoyo de policías municipales de Iguala y Cocula.
El pasado jueves, el subsecretario de Derecho Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, encabezó el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, donde aseguró que la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa fue una acción concertada del Estado.
En el informe se señala que el comandante de la 35 Zona Militar, el general Alejandro Saavedra Hernández, con sede en Chilpancingo, fue uno de los enlaces operativos para desarrollar la investigación de los normalistas. El mando militar después fue director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas.
Asimismo, la noche de la desaparición de los normalistas, el 26 de septiembre de 2014, el coronel José Rodríguez Pérez, era el comandante del 27 Batallón de Infantería, en Iguala.
Según declaraciones de estudiantes lesionados tras el ataque de sicarios y policías, el coronel estuvo al frente del personal militar que se dedicó a “fotografiarlos” al interior de una clínica en Iguala.
Por su parte, el Teniente de Infantería, Francisco Macías Barbosa, del 27 Batallón de Infantería, era el mando inmediato del soldado Julio César López Patolzin, quien estaba infiltrado en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
El pasado viernes, la FGR informó que el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México libró83 órdenes de aprehensión, de las cuales 20 son contra mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala.
También ordenó aprehender a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
La Representación Social de la Federación señaló que todos ellos están vinculados con lo ocurrido en la ciudad de Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores.
Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.