SEGOB busca garantizar protección a periodistas

Ciudad de México.- La Secretaría de Gobernación continúa elaborando la reforma a Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para presentarla a su discusión y eventual aprobación, durante este próximo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, aclaró el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
Pese a que se pretendía que la nueva iniciativa fuera presentada en abril pasado, previo a que se cumpliera en junio la primera década de la Ley que está vigente, se ha retrasado debido a la complejidad en los temas que se han integrado, a partir de los diálogos que se han llevado a cabo, desde enero, en al menos 8 entidades: Jalisco, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Baja California, Morelos, Nayarit y Sonora.
“Siguen las discusiones en todas las regiones del país, esperemos que la iniciativa ingrese y se discuta en el próximo periodo de sesiones. Queremos que deje de ser solamente un mecanismo reactivo, que sea preventivo, que se definan las facultades y competencias que le corresponden con la actualidad”, dijo.
La reforma a esta Ley camina sobre los siguientes cinco ejes temáticos que son: Obligaciones de autoridades de los tres órdenes de gobierno; Sistema Nacional de Protección de Personas; Modelo Nacional de Prevención; Registro Nacional de Agresiones y el Protocolo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas.
“Es muy importante delimitar los trabajos de las fiscalías porque es una tarea que deberían atender las fiscalías de los estados y la Fiscalía General que son las responsables de garantizar las medidas cautelares de protección a personas en riesgo, el mecanismo es de carácter extraordinario que esperamos que pronto deje de cumplir esa función para que tengamos la garantía del ejercicio tanto del periodística como del defensor de derechos humanos. La iniciativa está en elaboración y esperamos que se apruebe en el próximo periodo de sesiones”, subrayó.
De acuerdo con el registro de la propia Secretaría de Gobernación, durante estos seis meses de diálogos regionales los comentarios que han expresado defensores de derechos humanos y periodistas han ido en torno a la falta de confianza en autoridades locales que se han identificado como las principales agresoras tal es el caso de las fiscalías, autoridades estatales y municipales. Se deben atender las condiciones laborales de personas periodistas y garantizar que la operación de los Mecanismos Locales no quede a cargo de autoridades acusadas de agresión.
Además, se pide que el Estado genere programas de becas para hijas e hijos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, clarificar la metodología que se utilizará para el Registro Nacional de Agresiones, así como generar una plataforma de denuncias anónimas que cuente con información pública.
Adicionalmente, se demanda que la nueva ley contemple la elaboración de mapas de riesgo, atención psicosocial a las personas beneficiarias de los Mecanismos Nacional y Locales de Protección y dejar puntualmente establecido el protocolo para la protección cuando las agresiones provengan de autoridades.
Al respecto, Enrique Irazoque Palazuelos, Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación dijo que la reforma busca llevar al Mecanismo a que pueda tener acciones más de territorio y menos de papel.
A la par de una ley que actualice la que está en vigencia desde hace una década, se encuentra el hecho de que la Secretaría de Gobernación no ha puesto al día las cifras del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde principios de este año.