Alcalde inútil y director de Seguridad acusado de acoso, los otros responsables del linchamiento en Huauchinango
DEBATE
Por Roberto Desachy Severino
[email protected]
http://robertodesachydebate.blogspot.com/
http://desdepuebla.com/
https://www.facebook.com/desdepueblalomejor
https://twitter.com/robertodesachy
https://twitter.com/DesdePuebla_
Celular y whats 22 21 25 27 83
Alcalde inútil y director de Seguridad acusado de acoso, los otros responsables del linchamiento en Huauchinango
No se puede más que reconocer la celeridad con que la administración de Miguel Barbosa Huerta asumió el linchamiento de Daniel Picazo en Papatlazolco, Huauchinango, al capturar a 7 de los presuntos implicados: https://desdepuebla.com/2022/06/18/obtiene-fiscalia-puebla-vinculacion-a-proceso-de-dos-detenidos-mas-de-huauchinango/
Más allá de las fallas legales y humanas denunciadas por los deudos de la víctima contra el personal de Casa de Justicia Huauchinango, lo cierto es que el gobierno del estado mostró eficacia y sensibilidad ante el asesinato y, en lugar de minimizarlo, llamarlo “hecho aislado” o tratar de “bajarle al tema”, desde el primer momento se asumió como prioridad y se actuó en concordancia: https://desdepuebla.com/2022/06/15/caen-los-primeros-5-supuestos-culpables-del-linchamiento-en-huauchinango/.
Pero no basta, la Fiscalía General del Estado(FGE) y el mismo Congreso local deberían ir a fondo en las evidentes responsabilidades en que incurrieron tanto el inútil presidente municipal, Rogelio López Angulo, como su director de Seguridad Pública, Javier Gómez, quienes –obviamente – fueron incapaces de impedir el linchamiento.
Daniel Picazo y los demás visitantes, así como los vecinos de Huauchinango y del mismo Papatlazolco, se supone que tienen que ser protegidos por el ayuntamiento, porque el artículo 104, inciso g, de la Constitución Política de Puebla otorga a los gobiernos municipales la obligación de dar seguridad pública.
PRESIDENTE MUNICIPAL Y POLICÍAS, DE ADORNO
También la Ley Orgánica Municipal, artículo 78, establece como facultad de los ayuntamientos: – Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las leyes, decretos y disposiciones de observancia general de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos municipales, además de Expedir Bandos de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, referentes a su organización, funcionamiento, servicios públicos que deban prestar y demás asuntos de su competencia.
El barbárico asesinato de Daniel Picazo demostró que el presidente de Huauchinango, Rogelio López Angulo y su titular de Seguridad Pública, Javier Gómez, son poco menos que un adorno, ornamentos que, en una crisis como la de Papatlzolco, de nada sirvieron a la gente: https://desdepuebla.com/2022/06/11/desde-huauchinango-reportan-linchamiento-de-un-hombre-en-papatlazolco/.
Así que no basta con enjuiciar y, en su caso, condenar a los presuntos perpetradores materiales del linchamiento, sino que el Congreso, la secretaría de Gobernación, FGE y demás instancias estatales deberían analizar cómo funciona –si es que lo hace – el ayuntamiento de esa ciudad, porque el crimen contra el joven abogado exhibió las graves fallas e insuficiencias que arrastra en el área de seguridad pública y que el alcalde y sus colaboradores no pueden ¿o quieren? resolver.
Además, el titular de Seguridad Pública arrastra denuncias por acoso, que en su momento el mismo López Angulo minimizó u ocultó y que ahora nuevamente retoman importancia, luego de que Nadia, una agente de la dependencia, lo acusara formalmente, sin que el gobierno de Huauchinango le investigara: https://desdepuebla.com/2022/05/19/video-desde-3-denuncian-por-acoso-al-director-de-seguridad-de-huauchinango/.
Incluso, parece que Javier Gómez ni siquiera tiene aprobados los exámenes de confianza que, en teoría, serían obligatorios para que alguien se desempeñe como policía. Por lo mismo, resulta inexplicable e injustificable que López Angulo lo sostenga en el cargo, a menos que entre ellos haya algún tipo de acuerdo o arreglo que vaya más allá de lo laboral y del rubro de seguridad pública.
