Universidades como trampolín político

Dos años faltan para que la silla presidencial vea llegar a un nuevo jefe de estado y el catálogo de aspirantes a la sucesión es amplio, unos con más posibilidades que otros, pero la lista crece y crece, y ya que andamos en temas de elecciones anticipadas, porque no detenernos a revisar el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pues el actual rector Enrique Graue, dejará la rectoría para noviembre de 2023.
Con más de 110 años de vida, una matrícula de alrededor de 360 mil estudiantes y más de 30 mil docentes, esta institución ha sido formadora de hombres y mujeres que han contribuido al desarrollo académico, político, social y cultural del país y así mismo, ha servido de ejemplo para el resto de las universidades públicas estatales. La UNAM, es considerada un espacio de libertades en el que se cultiva y fomenta el pensamiento crítico. Es una Universidad que ha apostado por una educación plural, sin distinción de clase, género, preferencias o ideologías que tiene como principal compromiso promover una educación humana, incluyente, reflexiva y propositiva.
Sin embargo, en la historia reciente se ha visto envuelta en diferentes problemáticas académicas que ha llevado a varios planteles a declararse en huelga. Esto, es muestra de una comunidad de jóvenes cada vez más participativa, pero también reaccionaria y molesta con ciertas decisiones que se toman o la manera en que se conduce el rumbo de esta institución educativa.
Llegar a ser rector de una Universidad pública no es cosa menor, las expectativas son muchas y la calidad humana, ética y moral que se espera de su representante es alta. Pero estas instituciones educativas públicas, aquellas que están financiadas con recursos de las y los contribuyentes, se han convertido en trampolines políticos con grupos que controlan las instituciones y las utilizan como plataformas para materializar proyectos políticos personales.
De los últimos ocho rectores que ha tenido la UNAM, por lo menos seis pasaron del ámbito político a la función pública y viceversa. Guillermo Soberón con Miguel de la Madrid como Secretario de Salubridad, Jorge Carpizo con Carlos Salinas, primero; como Procurador y después, como Secretario de Gobernación, José Sarukhán con Vicente Fox como Comisionado para el Desarrollo Social y Humano, José Narro, quien después de dos periodos se incorporó al gobierno de Enrique Peña Nieto como Secretario de Salud y hasta contendió por la dirigencia nacional del PRI.
Al momento de sumarse al Gobierno de Peña Nieto, Narro Robles ya contaba con una trayectoria como funcionario federal. Fue secretario general del IMSS y Subsecretario de Gobierno con Carlos Salinas. Posteriormente, en la administración de Ernesto Zedillo fue Subsecretario de Salud.
El exrector y exfuncionario priista se ha vuelto una de las “voces más críticas” hacia el gobierno de López Obrador, no obstante, en mayo de 2020, este gobierno dio a conocer que, durante la gestión de Narro Robles, se abandonaron 307 hospitales, situación que no ha sido aclarada por el exfuncionario peñista.
En ese sentido, el periódico “El Universal”, reportó en mayo de 2019 que de 326 hospitales y unidades médicas que estaban en ese entonces sin concluir en el país, casi la mitad —en los que había invertido el Gobierno de Enrique Peña Nieto— eran inviables y no podían funcionar porque serían un riesgo para los ciudadanos.
De su paso por la UNAM, Narro ha presumido el aumento del número de estudiantes que ingresó a la Universidad, que la superficie construida creció y la creación de nuevas licenciaturas. No obstante, su legado por la máxima casa de estudios del país también se vio marcado por un secreto a voces que se gestó durante años en el seno de la institución y que en su rectoría creció al punto de ser uno de los pendientes que heredó a Enrique Graue: el narcomenudeo.
Identificado como un personaje cercano a Guillermo Soberón y Jorge Carpizo, dos de los rectores que tuvieron una influencia notable en la Universidad y que se desempeñaron como funcionarios del Gobierno federal, Narro Robles aún mantiene ciertas posiciones de control en la UNAM, como reveló el consejero Octavio Solís Jiménez al diario “Milenio” en septiembre de 2019, en el marco de la renovación de la rectoría la cual ganó para un segundo periodo el actual rector Enrique Graue. “Narro, además de expriista, aún tiene el respaldo de directivos y funcionarios que dejó desde su administración”, indicó Solís, incluso hablan del exrector Narro como “el poder real” en esta institución.
Finalmente, existe un caso contrario, es decir, de la función pública a la UNAM, Francisco Barnés, quien pasó de Subsecretario de Energía con Ernesto Zedillo, a rector de la UNAM por un periodo de dos años. Por su parte, Juan Ramón de la Fuente dejó la Secretaría de Salud en el gobierno de Zedillo para pasar a la UNAM, concluyendo su periodo en 2007 y actualmente en el sexenio de López Obrador, es el representante de México ante la ONU.
Investigaciones de medios y portales de comunicación como, “Sinembargo”, “Contralínea” y “Zona Franca”, han dado seguimiento a este tema, por lo cual, todo esto debe llevarnos a reflexionar como es que una actividad tan noble como la educación no ha escapado de relaciones de complicidad y acuerdos políticos para favorecer y satisfacer intereses personales o de grupos minoritarios tras la bandera de la educación.
Descarado es lo que sucede con los rectores de la UNAM y el resto de las Universidades públicas del país, que antes de terminar su gestión, ya cuentan con un cargo dentro de la administración pública, cambiando el amor a la academia, la investigación y la docencia, por el dinero y el poder, pero eso sí; a donde se presentan quieren seguir sacando la bandera de académicos, lo cual es motivo de orgullo para ellos, pero de vergüenza para otros.
Si algo hace daño a esta sociedad es la relación perversa sí, perversa entre gobierno e instituciones que se dicen ser autónomas, que si bien deben mantener una relación de colaboración y cooperación con los gobiernos para avanzar hacia objetivos comunes que beneficien a la comunidad estudiantil y a la sociedad, no debe traspasarse para terminar convirtiendo su paso en las Universidades públicas, en un mero trampolín político.