Naucalpan y Cuautitlán Izcalli rezagados en aplicación de recursos para alertas de género

Toluca, Méx.- Luego de instalar la Comisión Legislativa para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres por Feminicidio, la presidenta de la misma, Karina Labastida Sotelo, señaló que los municipios de Naucalpan y Cuautitlán Izcalli son los que presentan más rezago en la aplicación de presupuesto.
Y que, el motivo principal por el cual no han podido ejercer plenamente su recurso, es por embargos de cuentas debido a laudos laborales.
“Los municipios de Naucalpan y Cuautitlán Izcalli hasta el momento no han podido hacer uso de sus recursos, por laudos laborales y que les han embargado cuentas”.
Explicó que al municipio de Naucalpan que cuenta con una alerta de feminicidio, le correspondieron 7.2 millones de pesos, y al municipio de Cuautitlán Izcalli más de 9 millones por alertas de feminicidio y desaparición.
Dijo que en el caso de Cuautitlán Izcalli, acaba de resolver su situación y estamos viendo cómo ejercer su recurso al final de la administración. Mientras en el caso de Naucalpan la situación es más complicada, previendo que no pueda hacer uso de la parte que le corresponde para tratar de mitigar la alerta.
Al instalar dicha comisión, dijo Labastida Sotelo, que está fue en respuesta a la Segunda Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Desaparición en el Estado de México, dictada en el mes de septiembre del año 2019, en la pasada Legislatura, se construyeron, de la mano de las víctimas, dos legislaciones importantes: la Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado Libre y Soberano de México y la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas.
Finalmente, indicó que esta Comisión seguirá incidiendo en la toma de decisiones presupuestales para: atender las alertas; garantizar, como hasta ahora se ha hecho, la continuidad de los programas que permitan la reparación integral a las víctimas de los delitos de feminicidio y desaparición; brindar atención a las niñas, niños y adolescentes que han dejado en situación de orfandad y garantizar su derecho a una alimentación digna, así como continuar apoyando el “Fondo Estatal de Desaparición”.