Advierten por posible invalidación de investigación de colapso de L12

Ciudad de México.- Debido a que las investigaciones para determinar las causas del desplome del tramo elevado de la Línea 12 del Metro no tuvieron el debido proceso, estás podrían ser desechadas e invalidadas, según lo informó en conferencia el abogado, Gabriel Regino, quien representa a 15 ex servidores públicos del Proyecto Metro -área que estuvo a cargo de supervisar la construcción de la llamada Línea Dorada- y dirige las denuncias en contra de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la empresa noruega DNV.
La defensa precisó que denunció a la FGJ debido a que entregó indicios a un particular, lo que es ilegal, pues ellos deben de estar a cargo de estos análisis y expuso que esto derivaría en la nulidad de las investigaciones, pues no llevaron un debido proceso.
“Se declara la nulidad de todo lo investigado por no llevar el debido proceso. Cuando la Fiscalía entrega los indicios a un particular altera la investigación y carece de veracidad.
La fiscal a cargo de la investigación le entregó mediante oficio los indicios de acero, pero ya también les había entregado los fragmentos de concreto; sin embargo, no hay autorización legal para que la fiscal pueda hacer eso”, mencionó Gabriel Regino.
Agregó que esta ilegal intromisión ya puso en riesgo la seguridad e integridad de la investigación. Cualquier persona que quiera llevar la carpeta a un juez, el caso se cae en tribunales. Es un fracaso en casos tan relevantes como el presente.
Asimismo, aseguró que la empresa DNV perdió la cadena de custodia y evidencias del caso, lo que altera aún más las investigaciones.
“La empresa DNV tuvo que denunciar el extravío de la cadena de custodia que había mandado a analizar en Ohio, Estados Unidos, la cadena de custodia es exclusiva del Ministerio Público, ¿cómo es que una empresa privada tiene una cadena de custodia oficial? ¿Quién autoriza que una empresa tuviera acceso a estos indicios?”, cuestionó.
Señaló que por este delito los servidores públicos pueden enfrentar hasta seis años de prisión, y apuntó que ya tienen contacto con despachos de Noruega para ver si es probable una denuncia en contra de la empresa matriz de DNV, por el delito de ausencia de código de ética.