Ministros buscan declarar inconstitucional criminalización del aborto

Ciudad de México.-Ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron por declarar inconstitucional la criminalización del aborto en Coahuila.
El análisis de la iniciativa continuará este martes, pero con los ocho votos que se anunciaron el lunes es suficiente para declarar inconstitucional el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que establece penas de hasta tres años de cárcel a las mujeres que se practiquen abortos de manera voluntaria.
La acción de inconstitucionalidad la presentó la extinta Procuraduría General de la República (PGR hoy FGR) contra cuatro artículos del Código Penal de Coahuila, pero dos de ellos ya fueron reformados.
Al presentar el proyecto, el ministro Luis María Aguilar Morales aclaró que su propuesta no trata de defender el derecho al aborto sino el derecho de la mujeres a decidir libremente sobre su vida.
En tanto, el ministro Arturo Zaldívar señaló que condenar a las mujeres a la cárcel, la clandestinidad y poner en riesgo su vida es injusto e inconstitucional. Además, aseveró que se debió invalidar todo el capítulo del Código penal de Coahuila que criminaliza el aborto.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe dar pleno derecho a las mujeres para decidir sobre la interrupción legal del embarazo, sin “medias tintas”, por ser un tipo penal que criminaliza la pobreza, afirmó el presidente del organismo, ministro Arturo Zaldívar.
El tipo de aborto castiga sobre todo a las niñas y mujeres más pobres, más marginadas, olvidadas y discriminadas de este país, es un delito que en los hechos castiga la pobreza.
“Hoy, mirando de frente a esta realidad, nos corresponde como Tribunal Pleno reconocer, de una vez por todas, el derecho fundamental a la interrupción legal del embarazo y darle plena efectividad, no a medias tintas, hacerlo es una exigencia constitucional básica”, afirmó el ministro presidente de la SCNJ.
El ministro Luis María Aguilar propone declarar inconstitucionales los artículos que penalizan el aborto en cualquier etapa del embarazo. En su proyecto argumenta: “la invalidez del tipo penal radica en incluir en su formulación abstracta todos los supuestos temporales en que puede acontecer la interrupción del embarazo con origen en una decisión voluntaria de la mujer; comprendiendo con tal regulación tanto la interrupción temprana como aquella que podría acontecer en cualquier otro momento del proceso de gestación. El artículo 196 resulta entonces de una naturaleza absoluta, al no brindar ningún margen para el ejercicio del derecho humano a elegir la vida reproductiva que, con los matices destacados en esta sentencia, asiste a las mujeres en el supuesto de concebir”.
Sobre el aborto en Sinaloa, el ministro Alfredo Gutiérrez ha propuesto erradicar la prohibición absoluta que hicieron los legisladores locales al declarar la protección de la vida “desde que un individuo es concebido”.
El ministro concluye que los estados “no pueden pretextar la existencia de cláusulas de protección a la vida desde la concepción para negar a las personas toda clase de servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva en el ámbito de competencia estatal, ni para adoptar legislación que endurezca las normas sobre interrupción legal del embarazo”.
En tanto, el ministro Luis María Aguilar propone desechar la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH contra la norma que regula la objeción de conciencia a nivel federal, mediante la Ley general de Salud.
La norma establece el derecho de personal del sector salud a la objeción de conciencia, que es la negativa a realizar actos o servicios cuando estos contradicen los propios principios éticos o morales.
La propia ley indica que el sector salud debe hacer todo lo posible para que los hospitales tengan personal suficiente para realizar todas las tareas.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que en el peor de los casos la objeción de conciencia del personal médico puede representar la negativa de acceder a los servicios de salud, si el sistema no cuenta con el personal suficiente.
El ministro detalló que la norma no es inconstitucional: “es claro que bajo la interpretación sistemática señalada, la norma impugnada no vulnera el derecho de protección de la salud de las personas y, en consecuencia, tampoco lo hace en la vía indirecta —en abstracto— respecto de otros derechos humanos como: a la integridad personal y vida, a decidir sobre el libre espaciamiento de los hijos, libre desarrollo de la personalidad y libertades sexuales y reproductivas, a la igualdad y no discriminación, respecto de las personas que solicitan la atención o servicio médico”.
El ministro concluye que la objeción de conciencia no es un derecho sin límites, sino que la propia ley indica que no podrá invocarse la objeción cuando su ejercicio ponga en riesgo la vida del paciente o cuando se trate de un caso de urgencia médicas.