México, con baja puntuación en transparencia legislativa

Ciudad de México.- Con una puntuación de 47.4 por ciento, México obtuvo una calificación reprobatoria en materia de transparencia legislativa, según la quinta edición del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2020.
La red señaló que la evaluación se debe, entre otros elementos, a la falta de regulación exhaustiva aplicable al cabildeo que se manifiesta en la falta completa de registros de las actividades del lobby; y la no adopción de una política de datos abiertos y de normas que garanticen la calidad de la información de los órganos legislativos y su reutilización.
De acuerdo con esta organización, que reúne a 32 organizaciones de la sociedad civil de 15 países de la región y que fue la encargada de la evaluación, la información presupuestaria del propio congreso mexicano, conformado por la Cámara de Diputados y la de Senadores, es donde se obtuvo En los niveles más bajos de transparencia, con una calificación de 29.2 por ciento.
Esto debido a que si bien se conoce el monto de las asignaciones a los grupos parlamentarios, “no se publica el gasto desagregado ni las propuestas técnicas para el ejercicio presupuestal. Tampoco es posible acceder a un informe de gasto de cada legislador o legisladora”.
Además, “existen limitaciones en la información disponible en ámbitos como la contratación de bienes y servicios y de personal, ejecución del gasto de las fracciones parlamentarias, listado de asesores y sus currículums, y estados financieros de los viajes de las y los legisladores”.
Otra de las dimensiones peor evaluadas del congreso es la que hace referencia a la dimensión normativa del país, qué evalúa la existencia de leyes o reglamentos respecto a temas de transparencia y participación ciudadana, misma en la que obtuvo una calificación de 49.8 debido principalmente a que el marco normativo aplicable al cabildeo es insuficiente.
“Esto se manifiesta principalmente en la falta completa de registros de estas actividades sin que exista conocimiento de antecedentes básicos cómo los asistentes a reuniones y las materias tratadas. Tampoco se evidencie la existencia de políticas públicas de género y grupos vulnerables.
En ese mismo sentido, otro de los mayores retos a los que se enfrenta el congreso es que se observó una participación ciudadana con muy poco impacto en la toma de decisiones, con una calificación de 53.5, principalmente porque no existe reglamentación alguna que establezca una política de parlamento abierto en el país, además de que no se cuenta con un marco para la protección de los denunciantes.