Piden analizar reforma que penaliza venta de alcohol a menores de edad

Toluca, Méx.- El sector empresarial del Estado de México llamó a la Legislatura Local a analizar las implicaciones que traería la iniciativa de reforma del artículo 204 del Código Penal de la entidad, para establecer sanciones penales a quienes permitan, suministren o hagan la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad; y se opone tajantemente a su aprobación por ser una medida que no garantiza la reducción en el consumo de bebidas alcohólicas en menores, pero sí traería consigo consecuencias posteriores.
Gilberto Javier Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), aseguró que en ocasiones anteriores se ha demostrado que este tipo de sanciones, lejos de inhibir la venta y consumo de alcohol, puede resultar en un repunte de hechos de corrupción y solicitud de sobornos de los inspectores, lo que genera temas de inseguridad y falta de certeza jurídica al sector.
Aseguró que, de acuerdo con estudios internacionales, hasta el 72 por ciento de los jóvenes que consumen alcohol lo hacen sin pagarlo, es decir, lo encuentran en sus propias casas, con amigos o un adulto se los proporciona, por lo que las acciones a emprender deben ser de manera integral.
Es por esa razón que el líder de los empresarios llamó al análisis de medidas que incrementen las sanciones administrativas con un mayor impacto a quienes practiquen o propicien dichas conductas.
“La experiencia demuestra que cuando se penalizó la venta de alcohol no se registró una sola persona detenida ante la aplicación de estas sanciones, que, además están incluso por encima de las ejercidas para quienes distribuyen drogas o sustancias tóxicas, pero si puede haber un repunte en hechos de corrupción, situación que no podemos permitir”, dijo.
El sector empresarial se mantiene consciente y responsable de la necesidad de proteger a la juventud, acciones en materia de prevención y conciencia en materia social que tengan un mayor impacto en la vida social en lugar de asignar la responsabilidad total al sector productivo.
La propuesta que está en discusión en la Legislatura de la entidad, que prevé sanciones de 3 a 8 años de prisión para quienes vendan, ya sea en envases cerrados, abiertos o para consumo por copeo, podría tener un impacto mayor en materia de seguridad y económica.
Ante un año particularmente complicado para el país, en el cual un importante número de empresas aún se mantienen cerradas, llamó a la sensibilidad y a tomar en consideración la voz y operatividad de las unidades económicas, previo a una modificación legal que tendrá repercusiones en la vida productiva del Estado de México.