Proponen incluir que pueblos indígenas reciban educación financiera

Toluca, Méx.- Integrantes de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas respaldaron una iniciativa, para que en la Constitución mexiquense sea incluido el derecho de los pueblos indígenas a recibir educación financiera y facilidades para acceder a préstamos para impulsar sus negocios.
La iniciativa plantea incluir en el artículo 5 de la Constitución la obligación de otorgar educación financiera a grupos vulnerables y se incluya en diferentes modalidades para la educación básica y media superior, que les permitan tomar mejores decisiones y mejorar su calidad de vida.
Los parlamentarios, Martha Citlalli Alejandro y Carlos Palma consideraron que la educación financiera es una herramienta básica que ayuda a las familias a tomar decisiones de carácter económico y puede ayudar a mejorar las condiciones de grupos vulnerables, como los pueblos indígenas.
Señaló que financieramente son excluidos los pueblos originarios, respecto a otros sectores, lo que disminuye sus oportunidades de incluirse a un mercado competitivo.
Asimismo Carlos Palma sostuvo que en América Latina hay 55 millones de indígenas que enfrentan barreras para acceder a trabajos dignos en América Latina y el Caribe, con tasas elevadas de pobreza y dificultades para acceder al sistema financiero.
Los integrantes de la Comisión respaldaron la iniciativa y hubo planteamientos para que se garantice el acceso a educación financiera no solo a pueblos indígenas, sino a toda la población.
En la misma comisión se presentó la iniciativa para reformar la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, buscando dar solución a temas de límites originarios donde convergen pueblos originarios, visibilizar la cultura, salvaguardar la identidad y preservar la autonomía en usos y costumbres.
La misma establece, que sea el titular del gobierno estatal quien instrumente los protocolos para el reconocimiento de los pueblos originarios e implementar políticas públicas en la materia, sin embargo la iniciativa generó varios disensos, al consideran que esta facultad no debe ser del Ejecutivo, sino de un órgano autónomo del que ya propusieron su creación.