UAEM asumió presidencia del Comité de Registro de Testigos Sociales

Toluca, Méx. – Para materializar la transparencia, los mexiquenses estamos cada vez más comprometidos con la vigilancia proactiva del manejo, aplicación y destino de los fondos públicos, aseguró el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, al tomar protesta como presidente del Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado de México.
Al encabezar por tercera ocasión las labores de dicho comité, integrado por representantes del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) y la UAEM, Alfredo Barrera expresó que los testigos sociales son un instrumento poderoso para fortalecer códigos éticos que deben subyacer en cada procedimiento adquisitivo de las instituciones.
En la reunión virtual en la que se dio cita la comisionada presidenta del Infoem, Zulema Martínez Sánchez, Alfredo Barrera ofreció su máximo esfuerzo para transferir la experiencia universitaria y sumar transparencia en beneficio del empresariado, que anhela competir con limpieza, y los ciudadanos, que exigen reglas claras en los procedimientos de contratación pública.
“Seguiremos puliendo los instrumentos para registrar a las personas físicas o colectivas que deseen participar en los asuntos públicos, aportando calidad humana al observar las contrataciones públicas que abren las dependencias del gobierno de la entidad”, puntualizó Alfredo Barrera Baca.
Al rendir el informe de actividades durante el año que estuvo a cargo del Comité de Registro de Testigos Sociales, Zulema Martínez destacó que esta instancia es un claro reflejo del avance logrado en la entidad en materia de transparencia.
Luego de reconocer a la UAEM como gran aliado en el acceso a la información, afirmó que a una década de su implementación, la figura de testigo social surge para fortalecer el mecanismo de participación ciudadana, con la finalidad de prevenir riesgos de opacidad y corrupción, así como detectar conductas irregulares o faltas administrativas en los procedimientos de contratación pública.