Exigen en Legislatura sanción por violencia política contra regidora de Nicolás Romero

Toluca, Méx.- La Legislatura mexiquense, aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), se investiguen y sancionen actos de violencia política contra la segunda regidora de Nicolás Romero, Melva Carrasco Godínez.
La diputada, Anaís Burgos Hernández, quien fue la proponente de dicho punto, dijo que desde inicios de la Administración 2019-2021, el edil Armando Navarrete López ha emprendido diversas acciones en agravio de la edil y su equipo de trabajo.
Además de sufrido acciones que entorpecen su labor, y ataques verbales, por parte de la sexta regidora María Martha Ronzón Pérez, el Secretario del Ayuntamiento, Rodolfo López Olvera y la Síndica Municipal Éricka Flores Hernández.
Explicó que en 2019, la regidora cuestionó en Cabildo, el ecocidio cometido en la ex fábrica de papel del Pueblo de Progreso Industrial y la falta de permisos para la tala de más de 2 mil árboles, y solicitó la información sobre el proyecto a realizarse en este lugar, pero respondieron que estaba resguardada por cinco años.
Por dichos cuestionamientos, fue dada de baja a su asesora jurídica, y después a otros dos miembros de su equipo de trabajo, por lo que la regidora tuvo que cubrirle de sus propios ingresos, el sueldo de sus colaboradores.
Y hoy por su voz crítica en las sesiones de Cabildo, la regidora es blanco de alusiones personales por parte de otros ediles, sin otorgarle derecho de réplica y se le ha impedido exponer temas o cuestiones de interés público.
La regidora ha cuestionado los viajes del edil a España, y los resultados obtenidos y ha votado en contra de la contratación de un préstamo por 40 millones de pesos, así como la reducción del 50 por ciento de la dieta mensual de ediles para apoyar a los afectados por la pandemia, pues no se ha informado el destino del presupuesto, y ha votado en contra de la actualización de las tablas de valor del uso de suelo y construcciones, así como de otorgar una licencia de 100 días al edil.
Aunque como represaría, el 7 de noviembre, se dio de baja a las dos últimas personas que quedaban en su equipo de trabajo y se desconoce la razón de los despidos de los cinco colaboradores.
“El cúmulo de acciones indirectas y repetitivas narradas anteriormente no sólo es una forma de discriminación, sino un ejercicio antidemocrático de la actividad de gobierno, que vulneran su carácter de representante popular, quebrantan sus derechos políticos, afectan a familias mexiquenses, así como a mujeres trabajadoras que habían desempeñado un trabajo público”, apuntó Burgos Hernández.
Recordó que hoy la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, el Código Penal del Estado de México, el Código Electoral del Estado de México, obliga a todas las autoridades, a aplicar y velar por los derechos de las mujeres en la vida política, los cuales han sido incumplidos o quebrantados por los antes mencionados.
Por ello también se solicitó, que el presidente municipal, Armando Navarrete informe a la Legislatura sobre los actos cometidos contra la segunda regidora.