Proponen elevar sanciones por corrupción y enriquecimiento ilícito en EdoMéx

Toluca, Méx.- Proponen en el Estado de México que se eleven las sanciones por corrupción y enriquecimiento ilícito, pues desde el 2017 no hay procedimientos penales contra riqueza injustificada de servidores públicos, o por actos de corrupción.
Para ello, el diputado Margarito González Morales propuso la iniciativa que busca fortalecer el Código Penal del Estado de México en su Título Sexto, relativo a los delitos por hechos de corrupción, pues hoy el Código penal estatal es muy laxo, y establece penas risibles a quienes cometen estos actos.
Dijo que el daño que estos delitos causan a la sociedad es enorme y ha traído años de crisis, impunidad y falta de desarrollo, que provoca desconfianza ciudadana en las instituciones y, además, fomenta la impunidad.
Define que los delitos cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento esté sujeto a ratificación de la Legislatura del Estado, sean designados por la o el Titular del Gobierno del Estado o por las y los titulares de las dependencias, las penas previstas serán aumentadas hasta en una mitad.
Mientras que el servidor público que retarde o entorpezca dolosamente el servicio de procuración de justicia, se le impondrá una pena de prisión de 4 a 8 años, y de mil a 2 mil días multa, además será destituido e inhabilitado para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
En caso de enriquecimiento ilícito se considera el decomiso de bienes cuya procedencia no se logre acreditar, y la aplicación de extinción de dominio. Y las penas van de 3 A 20 años de prisión, y de 100 a 500 días multa, de acuerdo al monto obtenido.
Por el delito de peculado, las penas son desde 3 a 15 años, y de 100 a 500 días multa, de acuerdo al monto de los fondos utilizados indebidamente, así como destitución e inhabilitación. Y cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones del Estado para los fines de seguridad pública, se aplicará hasta la mitad más de las penas señaladas.
Para quien en nombre de un servidor público solicite dinero, valores, servicios o cualquier otra dádiva, en los casos a que se refieren los delitos de cohecho, concusión y tráfico de influencia, se le impondrán de 5 a 15 años de prisión, y de 100 a 500 días multa.