Cancún, una ciudad secuestrada por la mafia del transporte

Hace unos días tuve la oportunidad de pasar un fin de semana en Cancún, Quintana Roo, un viaje tranquilo realmente, de esas escapadas que en ocasiones necesitamos para despejar la mente, me llamó la atención reencontrarme con una ciudad a la que quiero y que conozco como la palma de mi mano (sin exageración), tratando de sobreponerse a la pandemia por COVID-19, siendo testigo de una reactivación económica lenta pero en donde la mayoría de las personas salen a trabajar honradamente con el deseo ferviente de atender al turista con profesionalismo, calidad y gentileza.
Continuando con la crónica, todo iba bien hasta la hora del regreso, cuando por economía, comodidad y sobre todo por seguridad, se me ocurrió contratar a un chofer que me llevara de mi hotel al Aeropuerto Internacional de Cancún, una persona que labora brindando el servicio de transporte a través de plataformas digitales, tal y como sucede en otras partes del mundo. Pues bien, cuando esta persona llegó a recogerme de pronto llegó un grupúsculo de taxistas del sitio más cercano, quienes, dicho sea de paso, cobran cuotas exorbitantes a los turistas, bloqueando la delantera y reversa del vehículo en el que me encontraba bajo el argumento de que estaba prohibido el ingreso de transportistas de plataformas electrónicas a la zona hotelera de Cancún.
En este sentido, como buen Abogado salí en defensa del chofer que estaba a punto de ser linchado y sin el auxilio de la policía municipal, o bien, de tránsito, siendo esta última la que en caso de que en efecto se hubiera quebrantado alguna disposición tendría que haber levantado la correspondiente infracción. Bajo este orden de ideas, no fue sino hasta que les hice hincapié a los taxistas que nadie sin orden judicial podía restringirme mi derecho de libre tránsito consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como que en caso de que perdiera mi vuelo los hacía responsables de dicha acción, teniendo por lógica que resarcir el importe total del mismo, situación que finalmente hizo que dejaran en paz al chofer y le permitieran realizarme el viaje contratado, no sin antes dejarle caer verbalmente una larga perorata de maldiciones y amenazas en contra suya, de las que me salvé quizás por mi calidad de turista.
Sirva todo este contexto, para retratar una realidad que no solamente vive Cancún y otros destinos del bello estado de Quintana Roo, sino de muchas otras partes de México, en donde los grupos de taxistas asociados a sindicatos “charros” o corporativistas han querido adueñarse de la actividad del transporte. Pero, ¿de dónde surge este fenómeno?, por principio de cuentas se resalta que los sindicatos de esta naturaleza al igual que muchos otros surgieron como asociación gremial, en defensa no se tiene definido de quién, en razón de que al ser un oficio libre no se tiene definida la existencia de una figura patronal, salvo quizás en los caso de aquellos terceros que contratan a choferes para trabajar las placas de taxi producto de la figura jurídica de la concesión, por lo que asumiendo de buena fe que de quien tratan de protegerse es del gobierno, entonces no habría distinción con el resto de los ciudadanos.
Durante muchas décadas los sindicatos en México fueron utilizados como base de partidos y actores políticos para ser voto duro en tiempos electorales, a cambio de favores o prebendas. Bajo esta óptica, al tener asegurada la protección de las autoridades de transporte, los líderes y los propios transportistas comenzaron a brindar el servicio público con tarifas discrecionales, baja calidad y lo peor, con conductas abusivas en detrimento del usuario, muchas de éstas incluso constitutivas de delitos. Es así como llegan a México plataformas electrónicas como Uber, DiDi, inDriver, Beat o Cabify; sólo por mencionar algunos, con un servicio nuevo, cómodo, rápido, económico y seguro, lo que propició que una gran cantidad de usuarios cambiaran en poco tiempo a estas opciones que suponen otras comodidades como ubicación del prestador de servicio en tiempo real, registro del viaje, así como la ruta vía internet, pago a través de tarjeta de crédito y/o débito, entre muchos otros.
Por lo anterior, surge otro cuestionamiento, ¿No será acaso que la penetración de los servicios de transporte vía plataformas digitales son la reacción legítima de los usuarios que están cansados de un mal servicio?, la respuesta es sí y esto no solamente ocurre en el ámbito del transporte público, sino que forma parte de los derechos del consumidor que en plena libertad de decisión tiene la potestad de elegir sobre qué bienes o servicios desea adquirir y/o consumir. En este tenor, si al gobierno le interesa ciudadanos conscientes, entonces hay que comenzar a tratarlos como tal y no como débiles mentales que requieren la tutoría de un Estado que ampara y protege a grupúsculos que caen en conductas antisociales y delictivas, sin ponerse a reflexionar que seguramente muchos turistas el día de mañana terminen prefiriendo otros destinos que no estén secuestrados por las mafias del transporte.
Twitter: @EdgarMaPe