Inician diputados discusión para sancionar a quien imparta terapias de conversión sexual

Toluca, Méx.- En sesión de comisiones legislativas, diputados comenzaron la discusión de la iniciativa para sancionar a quien imparta terapias de conversión sexual, pero sin atentar contra derechos humanos, y no penalizar a quienes a den terapias por voluntad propia.
La iniciativa propuesta por la diputada Beatriz García Villegas propone adicionar al código un capítulo sobre terapias de conversión, pues considera que son prácticas discriminatorias y generalmente clandestinas donde se vende y cobra la idea de que una persona perteneciente a la comunidad LGBTTTI está enferma por tener una orientación sexual, identidad y expresión de género “distintas a la mayoría”, y se les somete a tratamientos psicológicos y psiquiátricos, mediante tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La reforma establece sanciones con penas de 1 a 3 años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad, y de 50 a 200 días de multa, a quien imparta, someta u obligue a otro, a recibir terapias de conversión o método tendientes a impedir, menoscabar o anular el libre desarrollo de la personalidad, orientación sexual, identidad y/o expresión de género.
Sí la conducta se lleva a cabo con menores de edad, personas con discapacidad, adultas o adultos mayores, privadas de libertad o personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, la pena se aumentará en una mitad y se perseguirá por oficio.
La propuesta es en respuesta a la exigencia de este sector, pues todas las personas, sin importar su condición, merecen ser respetadas y se les debe reconocer el derecho al auto determinación personal y al libre desarrollo de la personalidad.
“Las terapias de conversión conocidos también como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG) se ejecutan, la mayoría de las veces, a través de tratamientos hormonales, esterilizaciones, cirugías y evaluaciones psiquiátricas de manera forzada o coercitivas, violencia y acoso con base en su identidad de género y orientación sexual”, indicó.
Mientras el diputado Gerardo Ulloa consideró que es necesario realizar un análisis más riguroso sobre la aprobación de la iniciativa, y sobre cómo aplicar la norma, y considerar la propuesta que ya se discute en el Senado donde la pena es de 2 a 6 años de prisión.
La diputada morenista Alicia Mercado aseveró que en el Estado de México no se pueden permitir estas prácticas crueles y degradantes, y deben ser sancionadas a la brevedad, pues impiden el libre desarrollo de la personalidad e integridad personal.
Mientras Karina Labastida recordó que es obligación de los diputados legislar por las minorías y solicitó que la iniciativa incluya modificaciones a la ley de Salud y a la de Educación para impactar de manera preventiva y que no solo se criminalice, mientras que el morenista Julio Hernández respaldó las propuestas para fortalecer la iniciativa, pero pidió no retrasar su aprobación, para avanzar en garantizar las libertades y derechos de la comunidad LGBTTTI en el Estado de México.
Finalmente Beatriz García aseguró que serán incluidas las nuevas propuestas de los legisladores de todas las bancadas, y pidió el apoyo para dictaminar a la brevedad la iniciativa pues son momentos de inclusión, donde se consideren las demandas de este sector.