Por unanimidad, aprueban política estatal anticorrupción

Toluca, Méx.- Por unanimidad de votos, integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SESAEMM), se aprobó la Política Estatal Anticorrupción (PEA), la cual, está alineada a la Política Nacional en la materia, será un instrumento estratégico que define la agenda pública en materia de combate a la corrupción, que facilitará el funcionamiento del Sistema Anticorrupción en la entidad mexiquense.
Durante la Primera Sesión Extraordinaria del comité, se detalló que la Política Estatal Anticorrupción (PEA), se integró a partir de cuatro estrategias metodológicas diseñadas para la recolección de información cualitativa y cuantitativa sobre corrupción; abiertas a la sociedad civil, académica y ciudadanía en general, con los Foros de consulta ciudadana, la Encuesta electrónica, los Grupos Focales y el Panel de expertos.
Para este caso, la Política Estatal Anticorrupción (PEA) del Estado de México se compone de 5 ejes temáticos y 60 prioridades, alineadas a la Política Nacional Anticorrupción (PNA); destacando que, en atención al contexto mexiquense, se diseñó el eje Ética Pública e Integridad, que plantea estrategias para mejorar la formación y acción de los servidores públicos, y corresponsabilidad e integridad empresarial; promoviendo un trabajo colaborativo con las instancias administrativas.
La emisión de la PEA, es el resultado del trabajo conjunto del Comité Coordinador (CC), la Comisión Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva, a través de la Dirección General de Política Anticorrupción, cuenta con la validación técnica de parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA).
Asimismo, se sometió a valoración metodológica y de contenido a investigadores del Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM), quienes emitieron el dictamen correspondiente. La PEA, ofrece información, datos y evidencia mediante un diagnóstico del que se derivan prioridades que contribuirán a orientar la actuación de los integrantes del Sistema y de los entes públicos estatales y municipales que lo conforman, para fiscalizar y controlar recursos públicos que ayuden a prevenir, detectar, investigar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción.