Aprueban conformación de Comités Ciudadanos de Prevención de Protección Civil

Toluca, Méx.- Las Comisiones Unidas de Legislación y Administración Municipal y e Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que presiden los diputados María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) y Max Agustín Correa Hernández (morena), respectivamente, aprobaron por unanimidad de votos reformas a la Ley Orgánica Municipal y al Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México, para crear los Comités Ciudadanos de Prevención de Protección Civil.
Al dar lectura al dictamen el diputado Max Correa recordó que esta iniciativa fue presentada por la legisladora Rosa María Zetina González, en nombre del Grupo Parlamentario de morena, fue enriquecida con las propuestas de los integrantes de ambas comisiones para establecer que los Comités Ciudadanos de Prevención de Protección Civil serán grupos socialmente organizados, cuyo objeto central será fortalecer la cultura de la protección civil a través de la prevención y la formulación de un programa en la materia en sus comunidades.
El legislador mencionó que las reformas a los citados ordenamientos establecen que los comités se registrarán en la Coordinación Municipal de Protección Civil y podrán vincularse y realizar gestiones ante las instituciones públicas, grupos de voluntarios, paramédicos, organizaciones civiles e instituciones privadas y de protección civil no lucrativas y demás organismos afines, para fortalecer sus tareas.
También consideró que la creación de los comités es un acierto, puesto que la ciudadanía se involucrará en la prevención y en la disminución de los riesgos de desastres en la entidad, lo cual está alineado con las metas y objetivos de las Naciones Unidas y con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, que comprometen a México con esta nueva y moderna visión de implicar a los ciudadanos.
Señaló que en los municipios donde habitan los pueblos originarios será importante que haya sensibilidad para que su participación se dé conforme sus usos, costumbres y lengua, además de que también deberán ser incluidas las personas con discapacidad y los adultos mayores.
La diputada Rosa María Zetina destacó, con base en información de la Cuenta Pública Municipal del 2017, que de los 125 municipios mexiquenses solo 36 tienen cuerpo de bomberos, 41 tienen un Comité Permanente de Protección Civil, 72 cuentan con Atlas de Riesgo, 22 con un programa interno de protección civil y únicamente ocho tienen coordinadores municipales de protección civil capacitados en la gestión integral de riesgos.
Resaltó también que 77.6% de los municipios obtuvieron calificación crítica e insuficiente en esta materia, de ahí que 97 municipios no acreditaron la prueba denominada “Cuestionario para el Diagnóstico de los Consejos Municipales de Protección Civil y Atlas de Riesgos”, que tiene por objeto coadyuvar al fortalecimiento de las políticas públicas y acciones gubernamentales para brindar mayor seguridad a la población, mitigando o previniendo los efectos destructivos de los fenómenos perturbadores.
El diputado Javier González Zepeda dijo que el Grupo Parlamentario del PAN estima necesario crear herramientas sólidas desde el Estado para formar y fortalecer acciones y políticas de protección civil que impulsen la cultura de autoprotección como una forma de vida.
Agradeció que en la iniciativa se incluyera su propuesta de añadir un artículo segundo transitorio, que señala que “en un plazo no mayor a noventa días los municipios deberán adecuar la normatividad correspondiente de las Coordinaciones Municipales de Protección Civil para dar cumplimiento a lo previsto en la presente reforma”.
Por el PRI, la diputada Brenda Aguilar Zamora indicó que el tema de la protección civil adquiere especial relevancia por la ubicación geográfica del país y del Estado de México, la que convierte a la entidad en una zona propensa a sufrir afectaciones naturales, como erupciones volcánicas, inundaciones, deslaves y sismos.
El diputado Carlos Loman Delgado señaló que la protección civil requiere de una actualización permanente para hacer frente tanto a los fenómenos naturales, como a los generados por la acción humana, y destacó la responsabilidad de los representantes populares respecto del tema, pues tienen la tarea de adecuar y actualizar la legislación para facilitar la participación de la ciudadanía.