Modificar Ley de Transparencia pondría en peligro a personas y empresas: Sauza

Toluca, Méx.- La iniciativa que presentó el Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República para hacer una modificación a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información representa una alerta pues puede convertirse en un problema serio derivado del escenario de inseguridad que vive el país, debido a que el acceso a la información, la transparencia y la claridad con la que son asignados contratos y licitaciones a nivel nacional no debe ser una manera de pasar por encima de los derechos fundamentales de personas o empresas.
Con esta medida se pretende que cuando sea asignado un convenio de licitación, contratación de servicios o proveeduría para el servicio público, también se haga pública información sensible de la empresa contratada como es su acta constitutiva, escrituras, la publicación de los nombres de los integrantes de la junta o consejo directivo y su domicilio fiscal, situación insostenible en una condición de inseguridad como la actual.
Gilberto Javier Sauza, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones empresariales del Estado de México (CONCAEM), indicó que esta información puede convertirse en un arma peligrosa para detonar secuestros, asaltos y extorsiones a la iniciativa privada.
Aseguró que como sector nunca estarían en contra de la transparencia y la rendición de cuentas, no obstante, ya se cuentan con herramientas para garantizar que no haya conflicto de intereses o tráfico de influencias, dijo.
Aseguró que específicamente se tienen entes fiscales y las contralorías de las entidades así como la Ley de contabilidad gubernamental para realizar esta labor por lo que obligar a la iniciativa privada a hacer el trabajo de la autoridad y además ponerse en riesgo, es una decisión es irresponsable.
El líder de los empresarios indicó que través de la Ley de Contabilidad Gubernamental se puede saber si una obra se llevó a cabo o no, la manera como se asigna del contrato y si al final cumple con los estándares que se habían establecido.
En el caso de la iniciativa privada además cuenta con algunos otros entes de fiscalización, como lo es el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las direcciones locales de verificación que hacen análisis específicos de cómo operan las Empresas.
Consideró indispensable prestar atención a la verdadera aplicación de los recursos a nivel federal, ya que solamente durante el primer semestre del año registraron un subejercicio de 174 mil millones de pesos, situación que no ha sido explicada.