Denuncia Rosario Robles violación a sus derechos por investigación
- Fernanda Medina González
- 30 julio, 2019
- Nacional e Internacional
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Ciudad de México.- La exsecretaria en la administración de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, denunció que la Fiscalía General de la República viola sus derechos y el debido proceso al filtrar que existe una investigación en su contra por la llamada “estafa maestra”.
A través de una misiva dirigida a los medios de comunicación, la exfuncionaria aseguró que en efecto, fue citada para comparecer el día 8 de agosto de los corrientes (sic) a un juzgado federal, sin que en dicho citatorio se establecieran las causas no los hechos que se le imputan, “minando con ello mi capacidad de defensa”.
A través de la Fiscalía de Delitos Cometidos contra la Administración de Justicia de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, la Fiscalía General de la República solicitó a un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur una audiencia inicial para imputación y vinculación contra Robles Berlanga.
El oficio UEIDCSPCAJ-217/2019 d fecha 25 de julio pasado, la FGR solicitó citar a la exfuncionaria para imputarle el ilícito de ejercicio indebido del servicio público derivado de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018 relacionada con la “estafa maestra”.
Este ha sido un caso que se relaciona con la documentación realizada por la Auditoría Superior de la Federación sobre la utilización de 11 dependencias federales para desviar millones de pesos durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con información oficial, las tres principales dependencias que presuntamente participaron en los desvíos fueron la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) encabezada por Rosario Robles, el Banco Nacional de Obras (Banobras) y Petróleos Mexicanos, dirigido por Emilio Lozoya Austin.
En tanto, la ASF detectó que el gobierno federal entregó contratos a más de 100 empresas por 7 mil 670 millones de pesos, de las cuales 128 no contaban con infraestructura ni personalidad jurídica para proporcionar los servicios para los que fueron contratadas o no existen.