Ruanda, la brutalidad del genocidio
- José Edgar Marín Pérez
- 25 abril, 2019
- Columnas
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Una de las tareas más difíciles en toda sociedad humana es lograr la concordia, el diálogo y la pacificación entre los pueblos. Hace veinticinco años tuvo lugar uno de los crímenes más atroces en la historia contemporánea, uno que aún hoy sigue escandalizando a la comunidad internacional, el cometido en Ruanda entre el 07 de abril y el 15 de julio de 1994 por una mayoría étnica hutu en contra de una minoría tutsi, en donde de acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados, se estima que fueron asesinadas “un millón de personas y alrededor de 200,000 mujeres fueron abusadas sexualmente” (ACNUR, 2017) por su pertenencia al grupo racial tutsi.
Un crimen orquestado desde el gobierno que amparado por simples suposiciones de que un grupo de rebeldes tutsis organizaron la muerte del entonces presidente Juvénal Habyarimana, utilizaron los medios de comunicación privados e institucionales para alentar a la población hutu, así como al ejército para asesinar a sangre fría a todos aquellos que a través de su tarjeta de identificación demostraran ser parte de la etnia tutsi (lo que configuró también una violación flagrante a los datos personales de las víctimas).
Bajo este orden de ideas, es importante destacar que el odio étnico entre hutus y tutsis surgió desde los años 50’s, en los que la minoría tutsi se hizo del gobierno en Ruanda al amparo siempre del gobierno de Bélgica (que colonizara en los albores de la década de los años 20´s del pasado siglo XX), al derrocar en 1959 al entonces rey Mutara III Rudahigwa. En este sentido, Alonso Gómez Robledo opina que: “El odio tribal y milenario entre la etnias de los hutus y de los tutsis, alcanzó proporciones dantescas, en donde mujeres, niños y ancianos, fueron masacrados y calcinados, encontrándose donde se encontraren, ya fuere en iglesias, hospitales o centros internaciones y de refugio” (Gómez-Robledo Verduzco, 2002, p. 930).
En esta tesitura, cabe destacar que el llamado a muerte fue implacable, toda vez que en dos meses los hutus persiguieron sistemática y popularmente a los miembros de la etnia tutsi, es decir, fue una matanza orquestada por el gobierno en complicidad con el pueblo a través de un constante bombardeo mediático (principalmente por medio de la radio), a tal grado de adoctrinar a los hutus que llegaron al extremo de comparar a los tutsis a la calidad de animales o insectos, lo que configuró en muy poco tiempo un genocidio, entendiendo éste como el exterminio en masa de cierto sector de la población civil por motivos de raza, sexo, extracto social o religión, tal y como sucedió con los campos de concentración durante el holocauto nazi, los Gulag soviéticos o los crímenes de los jemeneres rojos de Camboya, sólo por mencionar algunos.
No obstante, de acuerdo con Isabel Coello “Una de las especificidades del genocidio ruandés, que lo diferencia del cometido en la guerra de los Balcanes o en la Alemania nazi, reside en la masiva participación de civiles en las matanzas. En Ruanda, la población no sólo fue masacrada por soldados de las Fuerzas Armadas o por las milicias juveniles de los partidos extremistas hutu. La consigna dada por el poder político y por los medios de comunicación era acabar con ‘el enemigo y sus cómplices’, es decir, no sólo con los tutsis, sino con cualquier hutu que los protegiera o se negara a matarlos, lo que automáticamente le hacía merecedor del atributo de cómplice. Ello convirtió en asesinas a muchas personas sin adscripción política o militar” (Coello, 2002, p. 107).
Un crimen que culminó en julio de 1994 gracias a la intervención de fuerzas francesas y de la ONU, que crearon campos de refugiados para los sobrevivientes tutsis (ya que muchos de estos fueron obligados a huir a países vecinos como Uganda, Burundi o Tanzania). Sin embargo, aunque algunos de los organizadores y participantes del citado genocidio fueron juzgados por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (creado por el Consejo de Seguridad de la ONU), bajo los cargos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, así como violaciones al Convenio de Ginebra, lo más difícil en el futuro inmediato será lograr la recomposición del tejido social en Ruanda, ya que si bien es cierto, los esfuerzos del gobierno de Paul Kagame se han centrado en el llamado al diálogo entre los grupos étnicos, el punto central debería ser la educación (sumamente deficiente en la mayor parte del continente africano), para que desde la niñez se cultiven la tolerancia, el respeto, la equidad y la aceptación entre grupos étnicos que velen por el engrandecimiento de Ruanda, bajo la observancia de una comunidad internacional que no puede permitirse nunca más crímenes como éstos.
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Referencias:
Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR). (2017, marzo 30). Genocidio de Ruanda: la historia de los hutus y los tutsis. 2019, abril 23 de 2019, Sitio web: https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/genocidio-de-ruanda-la-historia-de-los-hutus-y-los-tutsis
Coello, Isabel. (2002). Justicia popular en Ruanda. Papeles de cuestiones internacionales, 80, 107. 2019, abril 23, Centro de estudios para la paz, Madrid, Sitio web: ibdigital.uib.es/greenstone/collect/cd2/import/centroinvestigacionpaz/cip005.pdf
Gómez-Robledo Verduzco, Alonso. (2002, septiembre-diciembre). El crimen de genocidio en derecho internacional. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, XXV, 917-946. 2019, abril 23, IIJ-UNAM.