Proponen penas de prisión para quien contrate servicios sexuales

Toluca, Méx.- Propone la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, ante el pleno camaral, una iniciativa para sancionar con penas de prisión a quien compre o contrate servicios sexuales para sí mismo o para un tercero, lo anterior con la premisa de que “la prostitución es una forma de explotación que debe ser abolida” y con el fin de penalizar la contratación de servicios sexuales de personas prostituidas y poner en marcha políticas públicas para desestimar esta práctica,
El objetivo de la propuesta de reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos es combatir la prostitución a través de la prohibición del comercio sexual, debido a que la actual ley sanciona a quien se prostituye, sin embargo no penaliza al cliente. “Si no hay demanda, no habrá oferta”.
Por lo que propone que en el artículo 20 de dicha ley establezca prisión de uno a cinco años y multa de 200 a 500 días para quien compre o contrate servicios sexuales para sí o para un tercero; solicite, acepte u obtenga relaciones de naturaleza sexual de una persona que ejerce la prostitución, incluso de manera ocasional, a cambio de una remuneración, una promesa de remuneración, remuneración en especie o promesa de algún tipo de beneficio.
Mientras que en caso de reincidencia la pena sería de dos a ocho años de prisión y de 500 a mil días multa; si la persona prostituida es menor de edad o se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, la prisión será de 10 a 15 años y la multa de mil a tres mil días.
Explicó que esto busca desalentar y evitar la entrada de personas en la prostitución y proteger a las víctimas mediante una nueva política pública que favorezca el trabajo coordinado entre las organizaciones no gubernamentales y los servicios federales, que cuente con presupuesto propio destinado a la prevención y apoyo de las personas prostituidas.
Según cifras de UNICEF citadas por la legisladora, anualmente 4 millones de personas alrededor del mundo son víctimas de trata, de las cuales la mayoría son niñas, niños y mujeres, y entre el 10 y el 30% de las mujeres víctimas son menores de edad. En América Latina 2 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de explotación sexual, comercial o laboral.
Esta explotación de personas, continuó la diputada, genera anualmente ganancias cercanas a los 32 mil millones de dólares para los tratantes, lo que coloca a esta actividad comercial ilícita en el tercer lugar entre las más lucrativas para el crimen organizado.
Dicha propuesta fue remitida a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.