Extrabajadores y jubilados de “Luz y Fuerza” exigen sus pasivos laborales

Tlalnepantla, Mex.- El representante legal de jubilados y extrabajadores de la empresa Luz y Fuerza, el Doctor en Derecho José Rodolfo Bonilla Gómez, dio a conocer que 44 mil trabajadores de la extinta compañía, tienen años esperando justicia y que se les entreguen sus pasivos laborales, que ascienden a 645 mil millones de pesos.
Debido a ello, las familias de los trabajadores han pasado por tiempos difíciles y además, muchos de los beneficiarios han muerto ya.
Claro que sus familias son beneficiarias de esa prestación, pero no ven llegar esos recursos.
Bonilla Gómez, en entrevista, pide al Gobierno Federal definir la situación de los trabajadores.
Expuso que él representa a 17 mil trabajadores de la extinta Luz y Fuerza, que interpusieron su denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, desde el 15 de julio de 2013.
El maestro en derecho, explicó que tras el decreto de extinción de Luz y Fuerza, quedó sin definir la situación de más de 44 mil trabajadores, quienes tenían derecho a los pasivos laborales, que reiteró son de 645 mil millones de pesos, sin embargo –dijo- que el entonces presidente de la República Felipe Calderón, determinó que sólo se asignara a ello 80 mil millones de pesos.
El Abogado, denunció que los ex trabajadores no han recibido estos pasivos laborales, ni tampoco sus jubilaciones, que ahora el gobierno de AMLO denomina Compensaciones por Justicia Social, por lo que ha pedido al Gobierno Federal definir la situación de los extrabajadores de Luz y Fuerza.
Bonilla Gómez, dijo que si bien se nombró como interlocutor del Gobierno de la República en 2018 a Rosendo Flores, el Instituto para devolver al pueblo lo Robado (INDEP), no ha resuelto la demanda de los jubilados y extrabajadores.
Afirmó, que se pretende dar “carpetazo” al tema, por lo que a través de oficios ha pedido la intervención del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
Refirió que en las denuncias interpuestas, se ha demostrado como Martín Esparza y Jorge Sánchez se han apropiado de los recursos, y bienes del sindicato en perjuicio de los trabajadores, además de haber realizado fraudes habitacionales en contra los mismos, por lo que han demandado para que se ejerza acción penal en su contra.