Fiscalización Superior en la protección del medio ambiente

Por: David Colmenares Páramo

México, es un país con una extraordinaria riqueza natural y alberga cerca del 10% de las especies conocidas en el mundo, gran parte de ellas, endémicas. Estos valiosos recursos son protegidos a través de la legislación y un amplio conjunto de políticas públicas, entre las que destacan las áreas naturales protegidas.
A través de este instrumento, los Estados protegen ciertas zonas de su territorio cuyas características ambientales no han sido alteradas de manera significativa por la actividad humana. Las áreas naturales protegidas son utilizadas en la mayor parte de los países del mundo con el propósito de conservar sus ecosistemas más representativos, preservar su biodiversidad y evitar su sobreexplotación. Estas zonas ayudan a reducir los efectos del cambio climático, ya que capturan al menos el 15% de las emisiones de carbono y, benefician al planeta, por albergar una gran riqueza biológica, generan beneficios económicos, como el suministro de alimentos, materias primas y otros recursos naturales. Por otra parte, estas áreas tienen un gran valor histórico y cultural, al ser, por ejemplo, parte de los territorios ancestrales de pueblos y comunidades indígenas.
La importancia de las áreas protegidas es reconocida en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas y su segundo Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020, el cual incluye las 20 Metas de Aichi, nombradas así en honor de la provincia japonesa en el que fue adoptado. La meta 11 de Aichi plantea que, para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10% de las zonas marinas y costeras debían conservarse por medio del sistema de áreas naturales protegidas y ser administradas de manera eficaz y equitativa, Estas tienen una gran relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Considerando la relevancia de las áreas naturales protegidas, resulta indispensable que las Entidades de Fiscalización Superior, a través del control externo, verifiquen su eficacia, eficiencia, economía y efectividad, y hagan recomendaciones para mejorar sus resultados y perfeccionar su gestión.
En nuestro país, existe el sistema federal de Áreas Naturales Protegidas, que abarca más de 25 millones de hectáreas, casi un 13% del territorio nacional, a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. La Auditoría Superior ha realizado diversas auditorías, dentro de los principales hallazgos se han identificados áreas de oportunidad en aspectos como la gestión, supervisión y el seguimiento y se ha recomendado fortalecer sus procesos para mejorar su desempeño.
Asimismo, la ASF ha participado en dos auditorías coordinadas sobre este tema en OLACEFS. Recientemente, y pese a la pandemia de COVID-19, la Organización presentó los resultados de la segunda edición de la Auditoría Coordinada en Áreas Protegidas, realizada en 2019 y 2020, bajo el liderazgo de la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente. Esta auditoría fue coordinada por Brasil y contó con la participación de 17 países y más de 100 auditores gubernamentales, reunidos en 26 equipos, que evaluaron más de 2,400 áreas protegidas y verificaron el nivel de implementación y gestión de las áreas protegidas en los países participantes y la contribución de las políticas nacionales de áreas protegidas a la luz de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Meta 11 de Aichi, en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas.
Las áreas fueron examinadas con una metodología creado por el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, el cual permite evaluar la implementación y gestión de estas áreas y comunicar de forma visual y sencilla los resultados. La ASF la ha replicado, en 2019, lo utilizó para analizar las 182 áreas naturales de nuestro país.
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