DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DEL AGUA

La gestión del agua en México ha atravesado transformaciones significativas en los últimos 50 años, pero a pesar de algunos avances, persisten numerosos desafíos y aspectos negativos que han obstaculizado el desarrollo de un sistema hídrico sostenible y equitativo. La creciente demanda de agua, impulsada por el crecimiento demográfico y la urbanización, ha puesto de manifiesto la ineficacia de las políticas implementadas y la falta de un enfoque integral que aborde las necesidades de todos los sectores de la población.

En la década de 1970, la gestión del agua en México se caracterizaba por un enfoque centralizado y estatal. La creación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en 1989 fue un intento de consolidar la administración de los recursos hídricos, pero este modelo ha demostrado ser insuficiente. A pesar de la construcción de grandes obras de infraestructura, como presas y sistemas de riego, la sobreexplotación de acuíferos y la contaminación de cuerpos de agua han continuado en aumento. La falta de una planificación adecuada y de una gestión sostenible ha llevado a que muchos acuíferos se encuentren en estado crítico, lo que pone en riesgo el acceso al agua para las generaciones futuras.

La Ley de Aguas Nacionales de 1992 introdujo principios de sustentabilidad y participación social, pero su implementación ha sido deficiente. Aunque se promovió la creación de Consejos de Cuenca para facilitar la participación de diversos actores, en la práctica, muchas comunidades han sido excluidas de la toma de decisiones. Esto ha generado conflictos por el agua y ha perpetuado la desigualdad en el acceso a este recurso vital. Las comunidades indígenas y rurales, en particular, han enfrentado dificultades para hacer valer sus derechos sobre el agua, lo que ha llevado a un aumento en las tensiones sociales y a la resistencia contra proyectos que amenazan sus fuentes de agua.

En los últimos años, la crisis del agua ha cobrado mayor relevancia, pero las respuestas del gobierno han sido insuficientes. A pesar de la creciente conciencia sobre la necesidad de una gestión más eficiente, las políticas implementadas han sido fragmentarias y carecen de un enfoque a largo plazo. La sequía y la contaminación han continuado afectando a millones de mexicanos, y las metas de conservación y uso eficiente del agua no se han cumplido. La falta de inversión en infraestructura adecuada para el tratamiento y distribución del agua ha exacerbado la crisis, dejando a muchas comunidades sin acceso a agua potable.

La participación del sector privado en la gestión del agua ha sido otro aspecto controvertido. Aunque se han desarrollado asociaciones público-privadas con la intención de mejorar la infraestructura hídrica, estas iniciativas a menudo priorizan el lucro sobre el bienestar social. La mercantilización del agua ha generado preocupaciones sobre el acceso equitativo, especialmente para las comunidades más vulnerables, que a menudo son las más afectadas por la falta de recursos.

Finalmente, la pandemia de COVID-19 ha evidenciado las profundas desigualdades en el acceso al agua, poniendo de relieve que muchas comunidades aún carecen de este recurso esencial. A pesar de que el acceso al agua es un derecho humano, las políticas implementadas hasta ahora no han logrado garantizar este derecho para todos los mexicanos. La crisis sanitaria ha subrayado la urgencia de fortalecer la infraestructura hídrica y de adoptar un enfoque más inclusivo y equitativo en la gestión del agua.

PIENSA GLOBALMENTE ACTÚA LOCALMENTE

En días pasados esta casa editora resaltó que los embalses del Parque Alameda 2000 se están secando a consecuencia del estiaje, resaltando la urgencia de su rescate ambiental.

Los invito a seguirme en redes sociales Facebook: Ing. Luis Eduardo Mejía Pedrero, correo: [email protected] Instagram @mejiapedrero Twitter @cuencalerma