Sin ser reclamados 413 negocios que operaban realizando o encubriendo algún delito

Toluca, Méx.- El Gobierno del Estado de México informó que después de que fueron intervenidos 817 establecimientos durante el pasado Operativo Atarraya, se encuentran sin  ser reclamados 413 negocios que operaban realizando o encubriendo algún delito.

 Las cifras oficiales revelan que más de la mitad de los inmuebles asegurados siguen sin ser reclamados por sus propietarios, siendo en su mayoría barberías y chelerías que encubrían o realizaban algún tipo de delito, teniendo hasta el momento solo 233 establecimientos que han sido devueltos.

A pesar de una supuesta controversia generada por el Operativo Atarraya, impulsado por el Gobierno del Estado de México con apoyo federal, entre enero de 2022 y febrero de 2025, en barberías se han registrado 1,337 delitos, entre ellos 38 homicidios y feminicidios, además de 25 secuestros y privaciones ilegales de la libertad.

Algunos de los eventos más violentos ocurrieron en la “Barbería Coacalco” en 2022, donde cinco personas fueron asesinadas, y en la “Olympus Barber” en Naucalpan en 2024, donde cuatro personas fueron ejecutadas.

Por otro lado, las chelerías han sido escenario de homicidios múltiples. En noviembre de 2024, cinco personas fueron asesinadas en la “Chelería Bling Bling” en Cuautitlán Izcalli, mientras que en enero de 2023, ocho víctimas murieron en la “Chelería Jardín” en Chimalhuacán.

El hecho de que más de 400 inmuebles permanezcan asegurados sin que ningún propietario se haya presentado a reclamarlos ha reforzado la hipótesis de que estos negocios podrían haber operado bajo el control de grupos delictivos.

Las autoridades destacaron que el operativo sigue en marcha y se mantiene el aseguramiento de 479 establecimientos, por lo que las autoridades han reiterado su compromiso con el combate a la delincuencia y han advertido que se investigará cualquier posible irregularidad en la ejecución del operativo, incluyendo la actuación de servidores públicos.

De igual manera, señalaron que la intervención de estos establecimientos se realizó conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y que las investigaciones seguirán hasta determinar la situación legal de cada inmueble.

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