Más derechos para todos

Durante los últimos meses, Argentina alcanzó una inflación histórica que rebasa el 200%. En este escenario, el pasado 11 de septiembre se votó una iniciativa de reforma que pretendía aumentar las jubilaciones de los adultos mayores para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los pensionados ante la descomunal inflación. Por su parte, el presidente Javier Milei, consideró que esta medida amenazaba el equilibrio fiscal, por lo que se opuso al proyecto de ley.

En el mes de agosto, la inflación se situaba en un 236.7%, momento donde la jubilación mínima mensual se encontraba alrededor de 225 mil pesos (231 dólares) y la canasta de servicios y alimentos para un adulto superaba los 291 mil pesos (299 dólares). Durante el mismo mes, la mayor alza fue en vivienda, agua, electricidad y combustibles (7%), esto, de acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC, República Argentina). No obstante, el incremento también ha estado presente en educación y transporte. En algunas zonas del país, subió más la carne y sus derivados, mientras que en otras, las verduras, tubérculos y legumbres.

La escalada de esta crisis que viven la población argentina avanza a pasos agigantados. En mayo de este 2024, cuando la inflación era de 289%, los comedores comunitarios cerraron sus puertas. La Red de apoyo escolar y educación complementaria (RAE) que comenzó a operar en la década de los 80, anunció el cierre de 13 comedores comunitarios a partir del 30 de mayo, sumándose a otros 19 de los centros comunitarios InterRedes, un colectivo de organizaciones con fines similares agrupadas en defensa de los derechos de las infancias y juventudes, que también habían anunciado su cierre. Cabe señalar que, para ese entonces, muchos argentinos que anteriormente no habían tenido la necesidad de hacer uso de dicho servicio, se vieron obligados a hacerlo, ya que el dinero no les alcanza para satisfacer una necesidad vital como la alimentación.

La decisión surge a raíz de que el Estado dejó de transferir fondos para la compra de alimentos. Con el cierre de los 13 comedores, más de 3 mil niñas, niños, jóvenes y adultos se quedaron sin comida, mientras que de los otros 19, se han visto afectadas más de 5 mil personas. El 17 de septiembre, unas 300 personas integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se manifestaron en el Ministerio de Capital Humano para reclamar a su titular, Sandra Pettovello, la entrega de alimentos para comedores sociales. Ya que, esta situación está afectando a diferentes sectores de la sociedad: niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas en situación de calle.

Como si lo anterior no fuera suficiente, Javier Milei anunció un recorte presupuestal a las Universidades públicas, lo que ha dado paso a protestas multitudinarias. Para el 16 de octubre, se hablaba de más de 77 Facultades tomadas y alrededor de 50 espacios académicos unidos en torno a esta protesta (secundarias y preparatorias). Aunque el presidente argentino ha declarado que la Universidad pública no desaparecerá, sin financiamiento suficiente, no sobrevivirán. Es como decir que no cortará la planta, pero simplemente no la cuidará.

El reclamo de los estudiantes cuenta con amplia legitimidad social. Los jubilados, las feministas, organizaciones civiles y la sociedad en su conjunto están mostrando su apoyo a los jóvenes. Saben que la universidad representa una oportunidad de ascenso social, progreso individual pero también colectivo, y con una Argentina tan golpeada, la única forma de ver una luz al final del túnel es, a través de la educación.

Luci Cavallero, socióloga, activista y docente argentina, ha declarado que más del 85% de los docentes obtienen un ingreso que está por debajo de la línea de pobreza. “Siendo docente e incluso trabajando en distintas universidades, no se alcanza un ingreso suficiente para cubrir las necesidades básicas en bienes y servicios, pues desde que Milei asumió el gobierno, el poder adquisitivo del salario se perdió en un 30%”, señala Luci.

Las Universidades no tienen para pagar la luz, el mantenimiento, y para 2025, el recorte propuesto las terminará por asfixiar. Por su parte, las autoridades intentan reprimir a los estudiantes en las calles y diferentes medios de comunicación en Argentina los criminalizan. Mientras tanto, la preocupación crece, ya que la amenaza de privatizar más derechos como la salud, también se ha puesto sobre la mesa.

La pobreza en Argentina ha llegado a su cifra más alta desde 2003. La tasa de pobreza que hasta el cierre de 2023 era del 41.7%, alcanzó el 52.9% en el primer semestre de 2024. Lo que representa un aumento de más de 11 puntos desde que Javier Milei asumió el cargo, en diciembre del año pasado.

Mucho que aprender del caso argentino, que ante la desilusión de gobiernos que no cumplieron sus expectativas, los votantes y particularmente los más jóvenes, se dejaron engañar por un proyecto político que nunca fue claro y hoy pagan las consecuencias.

Entre las lecciones que se deben aprender es, el valor de la unidad. Jamás se debe bajar la guardia, pues los derechos que se consiguen a base de luchas sociales y en más de una ocasión han implicado el derramamiento de sangre, pueden tener retrocesos. No dejemos de mirar lo que sucede en otras latitudes. Los derechos siempre estarán en riesgo. Y nunca nos cansemos de exigir, más derechos para todos.