Aguascalientes prepara reformas antiaborto

Aguascalientes, Méx.- La administración de la panista Teresa Jiménez y el Legislativo local, con mayoría de integrantes de Acción Nacional, concretarán este miércoles un plan de reformas antiaborto que se venía gestando desde diciembre de 2023.

Luego de un proceso de amparo impulsado por organizaciones civiles y nacionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó al Congreso a aprobar la despenalización, que se obtuvo con ocho votos emitidos en secreto por legisladores locales.

Ante la presión de grupos conservadores y de ultraderecha, la mandataria se posicionó en contra de la despenalización.

Posteriormente, apareció en un video junto con integrantes de la bancada panista para anunciar una reforma al Código Penal y la presentación de una nueva ley, ambas con el fin de “proteger la vida”.
“El Gobierno del estado, y en lo personal como gobernadora de Aguascalientes, somos provida. Nosotros no podemos obligar a los médicos a practicar ningún aborto, a pesar de que la Suprema Corte ha resuelto que suceda alguna situación en el Congreso”.

Lo señaló así, pese a que la ley no obliga a personal médico a realizar abortos, pero sí a que el Estado cuente con especialistas no objetores de conciencia.

Las reformas fueron avaladas este lunes en sesión permanente del Congreso y serán votadas en una sesión extraordinaria el miércoles. La reforma al Código Penal, presentada por 20 de los 27 integrantes del Pleno, entre ellos representantes del PRI, PRD, Morena y del Partido Verde Ecologista de México, disminuye de 12 a 6 las semanas de gestación permitidas para acceder al aborto seguro, sanciona con cárcel los abortos involuntarios y aumenta las penas para el personal médico que los practique. Para su aprobación, necesita solamente de 14 votos del Pleno.

Los cambios en los artículos 101, 102, 103 y 196 del Código señalan que toda mujer o persona gestante que decida concluir con su embarazo antes de las seis semanas será castigada con cárcel de entre 3 y 6 meses y al pago de 500 a 1000 días de multa. La sanción para el personal médico que lo practique será de 6 a 1 año de prisión y de 1,500 a 2,000 días de multa.

En cuanto a los abortos involuntarios o culposos, la reforma extiende la sanción penal y propone que dos médicos especialistas diagnostiquen si existe “razón suficiente para determinar que el aborto fue espontáneo o que el producto presenta alteraciones genéticas”.

La propuesta de esta reforma llegó al Congreso apenas el 23 de agosto pasado, el mismo día fue turnada para su aprobación a la Comisión de Justicia, presidida por el también panista Luis Enrique García López, que hasta febrero de este año fue el titular de la Subsecretaría de Gobierno.

También se votará para la aprobación de la nueva Ley para la Protección de la Vida y la Prevención del Embarazo Adolescente, enviada por la gobernadora el 29 de diciembre del año pasado.

Dicha ley incluye la creación de un grupo especial para monitorear el embarazo adolescente y medidas para evitar que las mujeres y personas gestantes accedan al aborto seguro.

Al conocerse el hecho, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, que junto con organizaciones locales como Cultivando Género impulsaron el amparo en la Corte, se posicionó sobre la propuesta y sus integrantes se manifestaron en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.