Jueza ordena liberación de militares vinculados al caso Ayotzinapa

Ciudad de México.- Una jueza revocó la medida de prisión preventiva impuesta contra 8 militares acusados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y quienes están recluidos en la prisión del Campo Militar 1-A. Esto, luego de que se determinara que la Fiscalía General de la República no presentó suficientes pruebas.

De la misma manera, el general retirado Rafael Hernández Nieto, que también es imputado en el caso Ayotzinapa y quien se benefició de una resolución similar en agosto; los soldados seguirán su juicio en libertad, y deberán pagar una fianza de 50 mil pesos, de la firma periódica de procesados y entregarán sus pasaportes.

Los elementos de las fuerzas armadas tenían impuesta una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por el presunto delito de desaparición forzada.

Dicha medida se produjo bajo el argumento de que las acusaciones de la FGR en su contra remontaban a la época en la que estaba vigente el sistema penal inquisitivo, el cual contemplaba el encarcelamiento automático en los procedimientos de ciertos delitos.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó a Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, a revertir la prisión preventiva de los militares y a permitir que sigan su proceso en libertad.

Los soldados que enfrentarían este proceso fuera de la prisión son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.

Por su parte, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa condenó el cambio de medida cautelar, pues expuso que una vez más integrantes del Poder Judicial recurren a los llamados “sabadazos”, sin ponderar el derecho de las víctimas.

El presidente de la Covaj y subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, destacó que con esta determinación no se exonera de los cargos a los militares, pues continuarán sujetos a proceso y la comisión se coordinará con la Unidad Especial de Investigación para asegurar que se agoten todas las instancias legales y el debido proceso para cumplir el principio de cero impunidad.