Corruptelas inmobiliarias

La vivienda es una necesidad elemental, constituye la base de la estabilidad y la seguridad de los individuos y las familias. Es el centro de nuestra vida social, el lugar de refugio que necesitan las personas para protegerse, resguardarse de las inclemencias del tiempo, preservar su intimidad, y en la mayoría de los casos, representa el lugar de asentamiento no sólo de personas individuales, sino de núcleos familiares.

Una vivienda apropiada debe brindar más que cuatro paredes. Cuando se habla de casa- habitación y desarrollos inmobiliarios, estos, deben cumplir con ciertos requisitos como: seguridad de la tenencia que les garantice a los habitantes protección jurídica y administrativa contra el desalojo forzoso, hostigamiento y otras amenazas. Disponibilidad de agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía eléctrica, alumbrado y eliminación de los residuos. Protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos y peligros estructurales.

El tema inmobiliario se ha convertido desde hace décadas en espacio propicio para desarrollar esquemas de corrupción donde las empresas no cumplen con lo que prometen en cuanto a las características de la vivienda, y el ciudadano, queda totalmente desamparado, pues la colusión que llega a existir entre funcionarios públicos y este tipo de empresas, limita el hecho de emprender una acción legal para exigir que asuman su responsabilidad y cumplan a cabalidad lo pactado.

Este hecho ha quedado al descubierto en la Ciudad de México (CDMEX), en lo que han denominado como “cártel inmobiliario”, que hace referencia a los edificios irregulares en la alcaldía Benito Juárez —algunos de “super lujo”—, pero otras tantas, viviendas modestas que comparten un común denominador; construcciones que se caracterizan por violar las normas de construcción.

En el caso del conjunto City Towers Black (ubicados en una de las zonas de más plusvalía de la ciudad), son edificios que cuentan prácticamente con todos los servicios: tintorería, estética, supermercado, albercas, cine, gimnasio, áreas verdes, boliche y hasta observatorio astronómico. Hasta aquí, todo parece marchar “bien”, pero de adentrarse a cuestiones legales y administrativas como la licencia de construcción, manifestación de construcción, uso de suelo, así como uso y ocupación del inmueble, se detallan “irregularidades” como el hecho de tener 54 departamentos más de los permitidos, pues con base en el permiso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi), este edificio tenía permitido 752  departamentos  y resulta que cuenta con 806.

Esto, solo puede ser posible cuando te das cuenta que el actual alcalde; Santiago Taboada Cortina del Partido Acción Nacional (PAN), cuenta con uno de estos departamentos con un “descuentazo” de entre un 30 y 40 por ciento, y personas de su círculo más cercano, comenzando por su exesposa, tiene un departamento en esta torre, así como un colaborador y amigo;  el diputado Luis Mendoza, quien obtuvo un descuento por más del 50%, caso aún más peculiar, ya que este departamento se cubrió con un cheque sin fondos de acuerdo con investigaciones del abogado Rodrigo Muñoz, una vil simulación.

No conforme con lo anterior, el hermano del diputado Luis Mendoza; Víctor Mendoza, también cuenta con su departamento en City Towers Black, y es quien firmó el uso y ocupación de este inmueble, es decir; se supone que es la persona responsable de verificar que todo estuviera en orden para proceder a la ocupación, pero actualmente se encuentra prófugo y Christian Von Roehrich, quien fuera el anterior alcalde de Benito Juárez, fue detenido en abril de este año por el mismo caso: “cártel inmobiliario”, lo que habla de un modus operandi de los gobiernos del PAN.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMEX, ha documentado posibles violaciones de construcción en decenas de inmuebles en la Alcaldía Benito Juárez “a raíz de un probable contubernio entre autoridades de la demarcación y empresas inmobiliarias para obtener ganancias mediante edificación de más niveles y departamentos permitidos”, pero no son únicamente casas de alto poder adquisitivo como City Towers.

Lo anterior, pone en riesgo la vida de las personas, sobre todo si llegara a presentarse un sismo, tema que para nada es nuevo en nuestro país y que guarda una gran historia en la CDMEX. Las irregularidades son de diversa índole en otro tipo de departamentos como: problemas con el servicio de agua, drenaje, movilidad y seguridad. Contar con una toma de agua para todos los departamentos, un solo medidor de luz; donde los vecinos comentan que al intentar solicitar el servicio individualizado, se les informa que el inmueble no cuenta con el documento de revisión final, por lo que no es posible realizar este trámite.

Existen otros “vicios” ocultos al interior de los departamentos; los materiales de los pisos no corresponden a lo que se les ofreció, las puertas de exteriores son para interiores y ante la lluvia, el daño ha sido notorio. Servicios de calefacción y elevadores de automóviles sin funcionar, filtraciones de agua, mal sellado de ventanas; donde los vecinos señalan que se les hizo saber que “con silicón se arregla”. Estacionamientos sin espacio para abrir la portezuela, por mencionar algunos.

Cuando los intereses económicos se encuentran por encima de la parte ética, moral y profesional, las consecuencias pueden ser fatales, pues con tal de conseguir ganancias económicas no les importa que la vida de las personas esté en riesgo. Comprar una casa o un departamento, para muchos representa un gran sacrificio y el esfuerzo de toda una vida, y si bien el cártel inmobiliario se destapó recientemente en la alcaldía Benito Juárez con departamentos de alto poder adquisitivo, no es un problema exclusivo de este tipo de construcciones y tampoco de esta alcaldía —hablando de la CDMEX— es un problema que se ha extendido a lo largo y ancho de la república y algo se debe hacer para detener.

La única manera de frenar esta situación es, con una mayor participación social, ciudadanos que se involucran en mayor medida en la elección de sus gobernantes, pero también en su forma de gobernar, lo que implica estar al pendiente de las decisiones que toman. De otra forma, los políticos no van a entender que el ciudadano esta fastidiado de sustituir una bola de ladrones y corruptos de un color por otro.

Cada vez resulta más irritable que utilicen la narrativa de “perseguidos políticos” cuando no hay manera de ocultar sus fechorías debajo de la alfombra. Mientras no se llegue a los mandos altos y se siente un precedente de que, “quien la hace la paga”, seguiremos el anecdotario de casos de impunidad que abonan al encono social que se genera al darse cuenta que tenemos una clase gobernante con muchas ganas de seguir robando, y velando por intereses personales. Corruptelas inmobiliarias, una más.