El combo imperfecto

Política, Iglesia y Estado, una mezcla tan peligrosa como la del alcohol y las drogas, combinaciones que cuando convergen no traen buenos resultados, pero recordemos que la libertad política exige la separación de Iglesia y Estado, principio que se ha defendido por décadas, pero rara vez se puede considerar como una realidad. En México, el poder político tuvo una relación cercana a la Iglesia católica, la única permitida durante la época colonial puesto que la Constitución de 1824 señalaba el catolicismo como la única religión oficial de México, aspecto que, al analizarse al día de hoy, resulta inconcebible, pero pasó.
Para 1857, la situación cambia, el texto omitió la disposición que establecía a la religión católica como la única del Estado. Posteriormente, en 1860, Benito Juárez promulgó la Ley sobre libertad de cultos que protegía la libertad religiosa de cualquier culto y no sólo del mayoritario. Y aunque en 1917 redactaron el artículo 24 a fin de respetar este derecho humano, no siempre se ha logrado cumplir, y quienes se ven más afectados, son las minorías religiosas que históricamente han sido objeto de discriminación.
Para tener un poco más de contexto sobre el contenido del artículo 24, este señala que “toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado (…) Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”. Asimismo, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), asegura que todos tenemos derecho a nuestras propias creencias, a tener una religión, a no tener ninguna o a cambiarla. En su momento, la DUDH fue muy progresista al afirmar que los creyentes de todas las religiones deberían poder vivir en paz, siendo sus derechos garantizados por el Estado y sin verse obligados a seguir una religión nacional o patrocinada por dicho Estado.
¿Por qué menciono esto?, porque el pasado 9 de noviembre el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, propuso un proyecto (relativo al caso del ayuntamiento de Chocholá, Yucatán) que plantea prohibir la colocación de nacimientos o cualquier otro adorno o signo alusivo a la religión en espacios públicos y pagados con recursos del erario, es decir, los ingresos con los que dispone el Estado.
El ministro señaló que estos elementos en espacios públicos son violatorios de la libertad religiosa y los principios constitucionales del Estado laico. “Mediante la instalación de la escenificación del ‘Nacimiento de Cristo’ en un espacio público con recursos del erario municipal privilegió o consideró superior la religión cristiana sobre el resto de las concepciones de pensamiento o de conciencia, incluido el laicismo ejercido por el promovente del presente juicio”, señala el proyecto y propone que para respetar el Estado laico las autoridades no puedan colocar símbolos relativos a alguna religión y mucho menos con dinero del erario.
Vayamos al principio, pues la historia comenzó en 2020, por parte de la asociación civil Kanan Derechos Humanos, quienes emprendieron tres litigios en contra de los ayuntamientos de Mérida, Chocholá y Mocochá, en el estado de Yucatán, puesto que decidieron colocar con recursos del erario “nacimientos de cristo” en espacios públicos.
El argumento señala que los ayuntamientos son laicos, en este sentido, se entiende y se espera que actúen con neutralidad, sin venerar símbolos, prácticas o cultos de alguna religión en particular. El tema no es sencillo, hablar de religión enciende los ánimos, pero la propuesta no parece errada, pues efectivamente, con la colocación de nacimientos se privilegia a una religión en particular y se excluye a otras.
Esto, es el claro ejemplo de una sociedad más participativa, que cada vez comienza a cuestionarse más, que intenta deconstruir aquello que por décadas se ha dado por sentado, existen quienes alzan la voz y tienen derecho a mostrar su inconformidad, pues ser minoría no significa que no deban ser tomados en cuenta, al final, el dinero es de las y los mexicanos y el Estado es quien tiene la obligación de administrar de manera responsable y con fundamento en la ley, y en este caso, no se está respetando el artículo 24 constitucional.
Ahora vayamos a los datos, con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, llama la atención que entre 2010 y 2020: un menor porcentaje de fieles de la iglesia católica (de 82.7 a 77.7 %), un mayor porcentaje de fieles de las iglesias protestantes y evangélicas (de 7.5 a 11.2 %) y, sobre todo, un mayor porcentaje de personas sin religión (de 4.7 a 8.1 %, con un 2.5 adicional de personas sin adscripción religiosa). Un declive evidente por parte de los católicos que merece un análisis particular para estudiar las causas que han propiciado esta desafección.
Abordar el tema religioso debe hacerse con cuidado, con respeto, con tolerancia y sin excesos, buscando los equilibrios y en congruencia con la ley, pues no sólo hay que tener libertad de religión, sino también estar libre de cualquier religión. La separación entre religión y el Estado tiene que ser clara y es lo que ha faltado, mayor claridad para entender que esta separación está basada en el principio de la libertad intelectual y significa que cada individuo debe ser libre de pensar y de aceptar cualquier idea que le parezca bien, pero, sin privilegiar alguna.
Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha sentido la necesidad de creer en algo más allá de lo tangible y terrenal, un ente supremo que le ayude a buscar una especie de alivio en momentos o circunstancias de la vida que le es difícil sobrellevar, en este sentido, las religiones han jugado un papel fundamental para “el alivio” de algunos, sin embargo, es un hecho que a partir de un conjuntos de creencias, principios y valores, las diferentes religiones han logrado ejercer cierto control social destinado a mantener el orden establecido en las diferentes sociedades. Estamos en un momento coyuntural, miremos el pasado, pensemos en los privilegios que ha tenido la iglesia católica y que permitió abusos y excesos, y en un punto en el que se pretende avanzar hacia una sociedad más justa, que tan pertinente resulta seguir contado con los nacimientos con dinero público.
Finalmente, la pregunta clave es: ¿la Suprema Corte plantea prohibir a todas las personas colocar nacimientos? La respuesta es no. Las personas en su ámbito privado pueden continuar con dichas prácticas o cultos, bajo su libertad de creencias y religión. El proyecto está encaminado a que el Estado laico y las autoridades no puedan colocar símbolos relativos a alguna religión, ni mucho menos asistido desde el erario. Que nadie se confunda; la iglesia y las diferentes religiones, son un tema que deben verse por separado.