Trabajar para vivir o vivir para trabajar

El pasado 11 de febrero, el Senado aprobó la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Sin embargo, no hay mucho ánimo para celebrar, ya que la reducción se hará de forma escalonada a partir del 2027, es decir, la reducción entrará en vigor hasta 2030, con una disminución de 2 horas por año para lograr pasar de 48 a 40 horas, algo así como en “abonos chiquitos”, no vaya a ser que los pobres empresarios tengan pérdidas o que los trabajadores no encuentren qué hacer con un día más de descanso.

Asimismo, la reforma falla en algo esencial; no obliga a los empleadores a dar 2 días de descanso por cada 5 de trabajo, tal y como se había estipulado la iniciativa original presentada en 2023. También amplía el rango de las horas extra, esto, a 12 horas semanales pagadas al doble, y sólo a partir de la treceava hora se pagará el triple.

Cabe mencionar que actualmente, las primeras 9 horas extras a la semana se pagan al doble. A partir de la décima, al triple. Con esta nueva iniciativa se “abaratan” las horas extras, ya que, hasta la treceava hora extra, aplicaría el pago al triple. Se trabajarán más horas y se pagará menos. Aunque siendo sinceros, muchos trabajan horas extras que no son remuneradas. La hora de entrada esta puntualmente establecida, de rebasar la misma o la tolerancia permitida, se aplican descuentos o sanciones. No obstante, la hora de salida se puede exceder y no aplica algún beneficio en un sinfín de casos. Lo peor de todo, es que es una práctica normalizada en nuestro país.

Si bien la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció la jornada de 48 horas de trabajo semanal (8 horas diarias) como normatividad para el sector industrial en 1919, existen países donde la jornada se extiende más de lo debido, aunque la ley marque un límite.

Las jornadas de trabajo más largas en el mundo se encuentran de acuerdo con la OIT en Bután con 54.4 horas semanales, esto, en un país asiático que explota el trabajo infantil y de los inmigrantes. Sudán y los Emiratos Árabes Unidos, son otros lugares donde hay más horas semanales de trabajo, el primero, un país africano fracturado por un conflicto armado que utiliza la mano de obra infantil en las minas con 51 horas de trabajo semanales, el segundo, reproduce un sistema de esclavitud “moderna” al centrar su mano de obra en los trabajadores migrantes, quienes requieren que la empresa local patrocine la visa y el permiso de residencia de cada trabajador extranjero. Esto, ha llevado a grandes abusos, toda vez que, se les prometen condiciones laborales que no se cumplen y los trabajadores no pueden cambiar de empleo sin el permiso de su jefe.

En contraste, los países con menos horas de trabajo son aquellos con mayor regulación y mayor poder obrero. Por ejemplo, Dinamarca tiene una de las tasas de sindicalización más alta del mundo con cerca del 80% de los trabajadores miembros de alguna organización sindical y con una semana laboral de tan solo 32 horas. Por su parte, Nueva Zelanda no cuenta con alta sindicalización, pero tiene una alta movilización por parte de los trabajadores. Lo que les ha permitido hacerse escuchar. En este caso, su semana laboral es de 33 horas.

Esto implica que, en una sociedad democrática, las fuerzas políticas reconocen a los sindicatos y que los sindicatos tienen su propia autonomía —no como en el caso de México que tenemos sindicatos vendidos— y que los empresarios están obligados a negociar con ellos como interlocutores. Lo mismo sucede en países bajos, con alto poder de negociación colectiva, a pesar de tener una tasa de sindicalización baja, pero con una semana laboral de 30 horas.

Es claro que los mercados de trabajo no se autorregulan, por el contrario, en Estados con legislaciones débiles donde no hay intervención de la autoridad, los trabajadores quedan indefensos, los atan a relaciones de trabajo explotadoras e inhumanas.

Lo reforma aprobada, se queda corta, las personas trabajadoras merecen por lo menos dos días de descanso, necesitan tiempo para descansar, para estar con su familia, para realizar algún trámite o tareas domésticas.

Al final, lo que se aprobó, es apenas un gesto simbólico que mantiene intacto el mismo modelo que obliga a las personas a vivir para trabajar, mientras otros países avanzan hacia jornadas dignas que ponen en el centro la vida y no la productividad, aquí, una vez más, se perdió la oportunidad histórica de reconocer que el tiempo también es un derecho. Y mientras los legisladores hacen teatro con el tema, millones de personas trabajadoras seguirán atrapadas en un sistema que les roba horas, salud y descanso.