Piden congresistas agravar el delito de ecocidio en EdoMéx

Toluca, Méx.- Diputados de las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Protección Ambiental y Cambio Climático en el Congreso mexiquense, revisaron tres iniciativas impulsadas por Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que buscan actualizar el marco penal en materia ambiental y para terminar con los delitos en materia ecológica.
Una de las propuestas de Morena, señalan sanciones de hasta 18 años de prisión, con agravantes en casos como: cuando el delito de ecocidio provoque daños irreversibles o afecte ecosistemas estratégicos; ocurra en áreas naturales protegidas, zonas de recarga hídrica, humedales o corredores biológicos; o se vean afectadas especies en peligro de extinción o endémicas.
La iniciativa puntualiza que cometerá el delito de ecocidio quien, de manera dolosa, ya sea por acción u omisión, realice cualquier acto que cause daño grave, destrucción o pérdida significativa de ecosistemas, especies de flora o fauna, recursos naturales o equilibrio ambiental, así como daños a la salud pública, en contravención a las disposiciones legales aplicables.
Actualmente, los delitos contra el ambiente se sancionan con dos a ocho años de prisión y de 30 a 150 días multa, y el planteamiento del legislador sugiere establecer penas de seis a 12 años de prisión y de 500 a 2 mil días multa.
Por lo que se propone que, a las personas responsables de este delito se les añada una pena de hasta una mitad (seis años), lo que en suma representa 18 años.
La iniciativa del PVEM, señala, crear un capítulo específico para el delito de ecocidio, a fin de sancionar de manera autónoma el daño grave, masivo y extenso a ecosistemas, recursos naturales, flora, fauna, agua, suelo, subsuelo y aire, cuando estas afectaciones comprometan el equilibrio ambiental y la supervivencia de comunidades enteras.
Y establece sanciones de 10 a 15 años de prisión, además de multas económicas y la obligación de reparar integralmente el daño ambiental.
Ahí, el diputado Israel Espíndola López subrayó que la reforma no busca criminalizar de manera indiscriminada, sino establecer sanciones proporcionales, mecanismos de justicia restaurativa y esquemas de reparación del daño, con el objetivo de inhibir conductas ilegales y obligar a quienes dañen el entorno a participar en la limpieza y restauración de las zonas afectadas.

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