Registro de líneas telefónicas en México: seguridad o control

El 9 de enero de 2026 arrancó el registro obligatorio de líneas telefónicas, previsto en la reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en junio de 2025. Esta ley ordena a las empresas de telefonía móvil a vincular la línea telefónica de las personas usuarias con su Clave Única de Registro de Población (CURP). De no hacerlo a más tardar el 30 de junio de 2026, la compañía deshabilitará el servicio.

El registro de líneas telefónicas servirá, según el gobierno, para combatir delitos como la extorsión y el fraude. Pero organizaciones de la sociedad civil advierten que sus recomendaciones no fueron tomadas en cuenta para la redacción de la reforma y que esta medida implica riesgos para los datos personales.

La Asociación GSM –consorcio que reúne a los principales proveedores de telefonía móvil en el mundo– ha señalado que no existe evidencia que compruebe que el registro obligatorio de líneas telefónicas tenga incidencia alguna en la reducción de estos crímenes.

Por otra parte, el 20 de enero, a menos de un mes de la puesta en marcha de esta medida, el periódico “El Universal” documentó que en Facebook eran vendidos chips de celular que ya cumplen con este nuevo registro y cuyo costo va de los 27 pesos a los mil, y en algunos casos es necesario comprar al menos 10 unidades. Estos chips son ofrecidos en la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla, según constató el medio de comunicación.

La pregunta es ¿Cómo fueron registradas esas líneas? ¿Quién es la persona titular de esos chips? ¿Esa persona dio su consentimiento para hacer el registro o su identidad fue robada y utilizada para este fin? Hasta antes del 7 de febrero, era imposible saberlo, ya que las compañías telefónicas marcaron como plazo esta fecha para habilitar una plataforma para consultar las líneas asociadas a cada Clave Única de Registro de Población.

Mientras tanto, la CURP de algunas personas puede estar en esos chips y no lo saben. Pero esto, puede ser aún peor, ya que esa información pudo ser utilizada para cometer delitos de los cuales, la persona a quien está vinculada esta línea telefónica sería cómplice y esto, sin tener conocimiento del registro de dicha línea con sus datos.

El 10 de enero, el periodista especializado en ciberseguridad; Ignacio Gómez Villaseñor, dio a conocer una vulnerabilidad en la página de registro de Telcel por medio de la cual los datos personales de quienes ya habían cumplido con el registro podían ser descargados directamente de su página. Durante más de un día, los datos de las personas que realizaron este trámite quedaron expuestos. Lo que habla de lo peligroso e irresponsable que es, iniciar un registro de este tipo sin la infraestructura adecuada.

Con base en la investigación realizada por el portal “Serendipia”, donde se entrevistó al periodista Ignacio Gómez Villaseñor, “no existe ninguna experiencia exitosa en todo el mundo de que esto (el registro de líneas telefónicas) pueda combatir a la extorsión o los secuestros virtuales”.

Actualmente hay 158 millones de líneas telefónicas en el país, y la reforma publicada el año pasado establece un plazo de 172 días para que las líneas estén registradas en las bases de datos de todas las compañías telefónicas. Para lograrlo deben ser registradas, en promedio, 918 mil 605 líneas cada día. El 17 de enero (ocho días después del inicio del registro) había 2 millones 151 mil 802 registros, según José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Este es un retraso de 6 millones 115 mil 643 líneas, pues el promedio requerido en este lapso era de 8 millones 267 mil 445 líneas celulares registradas.

Países como Colombia y Perú, en donde iniciativas similares ya han sido probadas, fracasaron. Colombia puso en marcha la “lista blanca” en 2011. En 2022, un análisis de la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM) demostró que su implementación no había influido sobre los índices del delito y el impacto real no justificaba los costos monetarios y burocráticos de la operación.

En el caso de Perú, según reportes, los empleados de las compañías telefónicas son parte de los esquemas para filtrar datos personales de ciudadanos, los cuales han sido utilizados sin su consentimiento para registrar líneas telefónicas que podrían estar siendo utilizadas en actividades criminales de las cuales el titular de la línea no tiene conocimiento.

A poco más de 4 meses para que venza el plazo, no hay elementos que justifiquen esta medida, sin embargo, a menos de que algo excepcional suceda, todos tendremos que registrar nuestra línea telefónica. Es evidente que el gobierno no está diciendo la verdad, pero ¿Cuándo lo ha hecho?