Niegan acceso a buscadoras en fosa de Concordia; sigue incertidumbre por mineros

Por: Francisco Calvo Guzmán

Concordia, Sinaloa.– Integrantes de colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas denunciaron que autoridades federales les impidieron el acceso a una fosa clandestina localizada en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, donde podrían encontrarse restos relacionados con la desaparición de 10 trabajadores mineros ocurrida a finales de enero.

Las buscadoras acudieron al sitio tras conocer el hallazgo de restos humanos en un predio de la zona serrana; sin embargo, elementos de seguridad establecieron cordones de resguardo a varios metros del punto de excavación, lo que impidió que las familias se acercaran para obtener información directa sobre los trabajos periciales y el número de cuerpos localizados.

De acuerdo con los colectivos, las autoridades no han proporcionado datos claros sobre cuántos restos han sido encontrados, su estado ni si existe correspondencia con los mineros desaparecidos, lo que ha incrementado la angustia de las familias. En protesta, las buscadoras colocaron lonas con fichas de búsqueda y exigieron transparencia en el proceso.

Los 10 mineros desaparecieron el 23 de enero, cuando se trasladaban hacia una zona de trabajo en la región, sin que hasta el momento se tenga información oficial sobre su paradero. Desde entonces, familiares han exigido a las autoridades intensificar las labores de búsqueda y garantizar su participación como observadores, tal como lo establecen los protocolos de derechos humanos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el sitio permanece bajo resguardo debido a que se trata de una investigación en curso y que los restos hallados están siendo procesados por peritos forenses. De manera preliminar, se indicó que al menos uno de los cuerpos presenta características que podrían coincidir con uno de los mineros, aunque la identificación oficial dependerá de pruebas genéticas.

Las buscadoras también denunciaron que durante su estancia en la zona se registraron restricciones en la señal de telefonía, lo que dificultó la comunicación y la documentación del caso. Afirmaron que permanecerán en el lugar hasta recibir información concreta sobre los avances de la investigación.

El caso ha generado indignación entre colectivos y organizaciones civiles, que reiteraron el llamado a las autoridades para permitir el acompañamiento de las familias, garantizar información oportuna y evitar prácticas que revictimicen a quienes buscan a sus seres queridos en medio de la violencia que persiste en la región.

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