Trump prepara ofensiva migratoria más agresiva para 2026

Washington, Estados Unidos.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se alista para endurecer aún más su política migratoria en 2026, con miles de millones de dólares en nuevos fondos que permitirán incrementar redadas, incluso en centros de trabajo, ampliar centros de detención y contratar a miles de agentes federales, pese a un creciente rechazo ciudadano de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

De acuerdo con funcionarios del Gobierno, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza recibirán 170 mil millones de dólares adicionales hasta septiembre de 2029, luego de que el Congreso, de mayoría republicana, aprobó en julio un paquete de gasto masivo. Actualmente, ambas agencias operan con presupuestos anuales cercanos a los 19 mil millones de dólares, por lo que el incremento representa una expansión sin precedentes.

Desde este año, Trump ha desplegado agentes migratorios en grandes ciudades, donde han realizado operativos en barrios residenciales y se han enfrentado con habitantes. Aunque se registraron algunas redadas de alto perfil en empresas, las autoridades evitaron en gran medida operativos en granjas, fábricas y sectores clave para la economía, conocidos por emplear a inmigrantes sin estatus legal, situación que podría cambiar en 2026.

El jefe de política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan, afirmó que los planes incluyen “absolutamente” un mayor número de acciones de aplicación de la ley en los lugares de trabajo, y aseguró que el número de detenciones crecerá de forma considerable conforme el ICE incremente su personal y capacidad de detención.

La ampliación de los planes de deportación ocurre en medio de señales claras de desgaste político. En Miami, una de las ciudades más impactadas por la ofensiva migratoria debido a su numerosa población inmigrante, los votantes eligieron la semana pasada a su primer alcalde demócrata en casi tres décadas, decisión que el propio alcalde electo atribuyó en parte al rechazo a las políticas de Trump. Otras elecciones locales y sondeos reflejan una creciente preocupación entre el electorado por el uso de tácticas agresivas.

“El debate ya no es solo sobre inmigración, sino sobre violaciones a derechos, al debido proceso y una militarización extraconstitucional de los barrios”, advirtió Mike Madrid, estratega republicano moderado. “No hay duda de que esto es un problema para el presidente y para los republicanos”.
Los datos respaldan ese malestar. La aprobación de Trump en materia migratoria cayó del 50% en marzo al 41% a mediados de diciembre, tras el despliegue de operativos en varias ciudades. Parte de la indignación pública se ha centrado en agentes federales enmascarados, el uso de gases lacrimógenos en zonas residenciales y la detención de ciudadanos estadounidenses durante los operativos.

Además de intensificar las deportaciones, la administración Trump ha retirado el estatus legal temporal a cientos de miles de inmigrantes haitianos, venezolanos y afganos, ampliando el universo de personas sujetas a expulsión. Aunque el presidente prometió deportar un millón de inmigrantes por año, hasta ahora se han registrado alrededor de 622 mil deportaciones desde que asumió el cargo en enero.

Pese a que el discurso oficial enfatiza el combate a la delincuencia, las cifras gubernamentales muestran que una proporción creciente de detenidos no tiene antecedentes penales. Alrededor del 41% de las aproximadamente 54 mil personas detenidas por ICE a finales de noviembre no enfrentaban cargos distintos a una presunta violación migratoria, mientras que antes de la llegada de Trump ese porcentaje era de apenas 6%.

La ofensiva también ha alcanzado a inmigrantes con estatus legal. Agentes han detenido a cónyuges de ciudadanos estadounidenses durante entrevistas para la residencia permanente, retirado a personas de ceremonias de naturalización y revocado miles de visas de estudiante, ampliando las críticas por presuntos abusos de autoridad.

Expertos advierten que el enfoque en los centros laborales podría tener impactos económicos relevantes, especialmente para empresas afines al Partido Republicano. Sarah Pierce, directora de política social del grupo Third Way, señaló que, aunque las compañías han evitado confrontar a la administración, podrían verse obligadas a hacerlo si las redadas se intensifican en los lugares de trabajo.
El reemplazo de trabajadores detenidos podría elevar los costos laborales, lo que pondría en riesgo la estrategia de Trump contra la inflación, un tema clave rumbo a las elecciones legislativas de noviembre, que definirán el control del Congreso.

Mientras sectores duros en materia migratoria exigen ir tras los empleadores, organizaciones civiles y analistas coinciden en que las personas sin antecedentes penales se han convertido en el grupo más numeroso de detenidos por el ICE, profundizando un debate que amenaza con marcar el rumbo político de Estados Unidos en 2026.

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