LAS NUEVAS REGLAS DEL AGUA: IMPLICACIONES DE LA REFORMA A LA LEY DE AGUAS NACIONALES

México ha entrado en una nueva etapa en la gestión del agua. Las recientes modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), enmarcadas en un rediseño más amplio del régimen hídrico, no son un ajuste menor ni una simple actualización administrativa. Se trata de un viraje con profundas implicaciones técnicas, jurídicas, sociales y económicas, que redefine la relación entre el Estado, los usuarios y el recurso más estratégico del país.

El eje rector de la reforma es claro: el agua se reafirma como un bien de la nación, de interés público y de seguridad nacional, con prioridad absoluta para el consumo humano. Este principio, que ya estaba reconocido en la Constitución como derecho humano, adquiere ahora dientes operativos. A partir de las modificaciones, ninguna concesión, asignación o acto administrativo puede contravenir este mandato. En términos prácticos, esto significa que la planeación hidráulica, la gestión de cuencas y la administración de títulos deberán subordinarse a la garantía del abasto para la población, incluso por encima de intereses productivos históricamente consolidados.

Uno de los cambios más controvertidos es la restricción a la libre transmisión de concesiones entre particulares. Durante años, el mercado informal de derechos de agua permitió la concentración de volúmenes en manos de grandes usuarios, muchas veces desconectados del territorio donde se originaba el recurso. Con la reforma, el Estado recupera el control de estas transferencias: cualquier reasignación deberá pasar por la autoridad del agua. El mensaje es inequívoco: el agua deja de comportarse como un activo comercial para volver a su condición de bien público administrado bajo criterios de equidad y sustentabilidad. Sin embargo, este nuevo esquema también plantea retos operativos para la autoridad, que deberá contar con capacidad técnica, transparencia y tiempos razonables de respuesta para evitar cuellos de botella y discrecionalidad.

Otro punto clave es la limitación al cambio de uso del agua concesionada. La práctica de transformar volúmenes autorizados para riego agrícola en usos industriales o urbanos, sin una evaluación integral de impactos, contribuyó a desequilibrios regionales y a una presión creciente sobre acuíferos y cuerpos superficiales. La reforma cierra esta puerta y obliga a que cualquier modificación esté plenamente justificada y alineada con la planeación hídrica. Desde la ingeniería, esto implica volver a poner en el centro el análisis de disponibilidad real, balances hídricos y eficiencia en el uso, elementos que durante años fueron relegados por decisiones administrativas de corto plazo.

La creación de un Registro Nacional de Aguas, en sustitución del antiguo registro de derechos, es otra señal de cambio estructural. La apuesta por la digitalización, la trazabilidad y el control efectivo de volúmenes concesionados y utilizados puede convertirse en una herramienta poderosa para combatir la sobreexplotación y el uso ilegal. No obstante, su éxito dependerá de la calidad de la información, de la medición en campo y de la voluntad institucional para cruzar datos y sancionar incumplimientos. Sin medición confiable, no hay gestión posible.

En el terreno sancionatorio, la reforma eleva el costo de incumplir la ley. Las multas se endurecen y se tipifican conductas que antes quedaban en zonas grises, como la extracción sin título, la alteración de mediciones o las descargas contaminantes. Para los organismos operadores, la industria y el sector agrícola, el mensaje es claro: operar al margen de la normatividad ya no es una opción de bajo riesgo. Esto obliga a profesionalizar la gestión, invertir en infraestructura de medición y tratamiento, y asumir que la legalidad es parte del costo operativo.

Las implicaciones para estados y municipios tampoco son menores. La obligación de armonizar la legislación local con el nuevo marco federal abre un proceso complejo de ajuste institucional. Para los organismos operadores, especialmente los municipales, la reforma representa tanto un desafío como una oportunidad: desafío, porque exige mayor disciplina técnica y administrativa; oportunidad, porque fortalece su papel en la garantía del derecho humano al agua y puede respaldar inversiones en rehabilitación, eficiencia y saneamiento.
En el fondo, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales refleja una realidad ineludible: el modelo de gestión del agua en México estaba agotado. Sobre concesiones, acuíferos colapsados, ríos contaminados y ciudades con suministro intermitente son síntomas de un sistema que privilegió la asignación sobre la sustentabilidad. Las nuevas reglas buscan corregir ese rumbo, aunque su éxito no dependerá solo del texto legal, sino de su implementación.

El reto ahora es pasar de la norma a la práctica. Sin capacidad técnica, sin planeación por cuenca y sin una autoridad del agua fuerte y profesional, la reforma corre el riesgo de quedarse en el papel. Pero si se aplica con rigor, puede marcar el inicio de una gestión hídrica más justa, ordenada y acorde con los límites físicos del país. El agua, finalmente, ha vuelto al centro del debate nacional.

PIENSA GLOBALMENTE, ACTÚA LOCALMENTE
A pesar de opositores, polémicas y desacuerdos, ya están vigentes las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales. Nuestro deber es leerla, analizarla y cumplirla. No hay de otra. Recuerden #SalvemosOjuelos.
Reciban un abrazo de su amigo, Luis Eduardo Mejía Pedrero. Comentarios al correo [email protected] Instagram @mejiapedrero Twitter @cuencalerma o por Facebook.