Diputados aprueban nueva Ley General contra la extorsión
- Fernanda Medina González
- 25 noviembre, 2025
- Nacional e Internacional
- Diputados, Ley General contra la extorsión, México
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Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, incluyendo las modificaciones realizadas por el Senado, entre ellas la incorporación de perspectiva de género y el aumento de penas que podrían alcanzar hasta 42 años de prisión.
La propuesta, impulsada inicialmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobada en lo general con 450 votos a favor, contando con el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en San Lázaro.
La sesión, sin embargo, registró momentos de tensión luego de que el diputado panista Marcelo de Jesús Torres acusara a Morena de aprobar ajustes que —según dijo— habían sido propuestos previamente por la oposición. Su intervención generó seis mociones de orden y señalamientos desde la bancada morenista contra la Mesa Directiva por permitirle exceder el tiempo reglamentario en tribuna.
La discusión legislativa inició en octubre, cuando la iniciativa llegó por primera vez a la Cámara de Diputados. Tras su aprobación inicial, el documento pasó al Senado, donde se introdujeron 20 modificaciones en 15 artículos. Una vez revisadas, la reforma regresó nuevamente a Diputados para su aprobación final.
La legislación establece por primera vez un tipo penal homologado de extorsión en todo el país, con el objetivo de asegurar su investigación y persecución bajo criterios estandarizados.
Entre sus principales disposiciones destacan la pena base de 15 a 25 años de prisión, con agravantes de hasta 42 años; perspectiva de género en la atención a víctimas; creación de fiscalías especializadas en extorsión, uso obligatorio y fortalecimiento de la línea de denuncia anónima 089; así como 34 agravantes del delito, incluyendo participación de grupos criminales; destino de bienes asegurados al fortalecimiento de instituciones encargadas de combatir la extorsión.
En el caso de servidores públicos involucrados, el Senado restableció la propuesta original para sancionarlos con 10 a 20 años de cárcel, luego de que una modificación en San Lázaro redujera ese rango.
Asimismo, la ley contempla penas de 6 a 12 años para personas que introduzcan dispositivos electrónicos a centros penitenciarios sin autorización.
En el cierre del debate, el coordinador de la bancada mayoritaria, Ricardo Monreal, rechazó las acusaciones de narcogobierno realizadas por legisladores de oposición y señaló que las modificaciones entre cámaras son parte del procedimiento natural en un sistema bicameral.
Con esta aprobación, la minuta quedó lista para su publicación y entrada en vigor en todo el país.
