SCJN realizará su primera audiencia pública

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebrará por primera vez una audiencia pública para debatir si la falta de consulta a personas con discapacidad puede ser motivo suficiente para invalidar una ley.

La decisión fue anunciada por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien solicitó a sus compañeros del Pleno aplazar la conclusión del debate sobre la acción de inconstitucionalidad presentada contra la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, publicada el 11 de noviembre de 2024.

“Hemos recibido solicitud de audiencia de parte de varias organizaciones y personas interesadas en los temas que se abordan en esta acción de inconstitucionalidad, y hemos tomado la decisión de llevar a cabo la primera audiencia pública sobre temas relevantes”, expresó la ministra Batres durante la sesión.

Fuentes judiciales informaron que en las próximas horas la Secretaría General de Acuerdos del Pleno definirá la fecha y hora en que se llevará a cabo este ejercicio inédito, creado mediante el acuerdo general 5/2025, emitido el pasado 3 de septiembre.

El caso surgió a partir de una acción promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, la cual argumentó que el Congreso local no consultó a niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad antes de aprobar la ley.

En su proyecto de resolución, la ministra Batres propuso desestimar los argumentos de invalidez al considerar que no existe una obligación constitucional de realizar dichas consultas y que la validez de una norma depende de su contenido, no del procedimiento legislativo seguido.

 “Es infundado el concepto de invalidez debido a que la validez de una norma general no depende de que se haya llevado a cabo o no la consulta a personas con discapacidad, sino de que su contenido no afecte los derechos sustantivos de ese sector”, señala el proyecto.

Con esta propuesta, Batres busca modificar el criterio sostenido por la anterior integración de la Corte, que consideraba la falta de consulta como una violación al procedimiento legislativo, suficiente para anular leyes. Dicho criterio llevó a la anulación de más de 50 normas durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, situación que la ministra ha criticado públicamente.

El debate del Pleno, iniciado el 7 de octubre, se mantuvo inconcluso al no lograrse consenso sobre si el máximo tribunal debe abandonar o matizar dicho criterio. La reanudación de la discusión dependerá de la audiencia pública anunciada por Batres y acordada por los ministros.

Con este ejercicio, la SCJN busca abrir un espacio de diálogo directo con la sociedad civil y sentar precedente sobre cómo deben abordarse los derechos de participación y consulta en el proceso legislativo mexicano.

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