Sheinbaum insiste a EE.UU. e Israel en extradiciones de implicados en caso Ayotzinapa

Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró este jueves que México continúa insistiendo tanto a Estados Unidos como al Estado de Israel en las extradiciones de tres exfuncionarios vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Se trata de Tomás N, extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR); Ulises Bernabé N, exjuez de barandilla en Iguala, Guerrero; y Abraham N, exmando de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Tomás N huyó desde agosto de 2019 y reside en Israel, nación con la que México no tiene tratado de extradición. Es señalado como uno de los principales responsables de la construcción de la llamada “verdad histórica”, así como de presunta tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos. Aunque su extradición fue solicitada en diciembre de 2021 y reiterada en abril de 2024, hasta ahora no se ha concretado.

En el caso de Ulises Bernabé N, el Tercer Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, presentado en septiembre de 2024, sostiene que el exjuez habría sido omiso al no registrar la detención de 17 normalistas en la comandancia de Iguala, quienes posteriormente fueron entregados a mandos de la policía municipal. Desde 2015 se giró una orden de aprehensión en su contra, pero actualmente reside en Estados Unidos con asilo político.

Por su parte, Abraham N, quien también se encuentra en territorio estadounidense, es acusado de haber participado en torturas contra presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos para sustentar investigaciones de la PGR. Su extradición fue solicitada en marzo de 2023 y en 2024 el gobierno de Estados Unidos pidió información complementaria, misma que ya fue entregada por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).

Sheinbaum subrayó que las solicitudes de extradición se han realizado desde el sexenio anterior y que su gobierno mantiene la presión diplomática. Incluso, reveló que abordó el tema personalmente con Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, durante su visita a México el pasado 3 de septiembre.

“La exigencia de justicia en el caso Ayotzinapa es permanente y no cesará hasta esclarecer lo ocurrido con los 43 normalistas”, enfatizó la mandataria.

Por otra parte, anunció que enviará al Congreso de la Unión la propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, así como una nueva Ley General de Aguas, con el objetivo de regularizar las concesiones y evitar su venta entre particulares, práctica que calificó como un “mercado negro” del recurso hídrico.

“Se trata de poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía, cuando es un recurso escaso en la mayoría del país. Que sea realmente el Estado quien regule las concesiones y que no haya transmisión entre particulares. Esa es quizá la modificación más importante a la ley”, subrayó la mandataria.

Entre las propuestas se incluye la imposición de sanciones más severas contra quienes roben agua o incumplan con la notificación de cambios de uso en las concesiones. Las modificaciones contemplan incluso la figura de extinción de dominio en casos de reincidencia en delitos hídricos.

Efraín Morales, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), explicó que la iniciativa busca “acabar con este mercado negro y que el agua que no se está utilizando regrese al dominio de la nación, para que sea el Estado quien determine la viabilidad de otorgar los títulos”. También adelantó la creación de un nuevo capítulo de delitos hídricos, dado que las sanciones actuales “no inhiben las conductas ilegales”.

El Programa de Ordenamiento de Concesiones de Agua revisó 482 mil 14 títulos de un total de 536 mil registrados, detectando 58 mil 938 inconsistencias, entre ellas:

29 mil 539 títulos sin certeza en la fecha de vencimiento.

197 concesiones de uso público urbano en manos de particulares.

272 títulos agrícolas empleados para otros fines.

18 mil 753 casos con coordenadas erróneas, duplicidad o presunta falsificación.

Como parte de las acciones de inspección, la Conagua ha realizado 3 mil 912 visitas y concretado 490 clausuras y suspensiones.

Asimismo, el gobierno federal informó que la recaudación por concesiones de agua se incrementó en 2 mil 938 millones de pesos en el último año, al pasar de 19 mil 410.9 millones en agosto de 2024 a 22 mil 349.3 millones de pesos en agosto de 2025, un aumento del 15%.

Sheinbaum recalcó que las reformas buscan que, en caso de que una concesión ya no sea utilizada, esta regrese obligatoriamente al Estado, evitando su transmisión entre particulares. “Es poner orden y dejar de ver al agua como mercancía”, afirmó.