Gobernadores acuerdan atender crisis de desapariciones

Ciudad de México.- En un hecho inédito, los 32 gobernadores y gobernadoras del país, junto al Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República (FGR), adoptaron este martes dos acuerdos nacionales: fortalecer las instituciones de seguridad pública y atender la crisis de personas desaparecidas.

Durante la 51ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, detalló que ambos acuerdos fueron aprobados por unanimidad.

El primer acuerdo deriva de las nuevas leyes generales del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública.

Los mandatarios estatales deberán presentar iniciativas en sus Congresos locales para armonizar las leyes estatales con el marco federal. Estas adecuaciones contemplan:

Establecer requisitos mínimos de operación para Secretarías de Seguridad, Procuradurías y Fiscalías estatales.

Sentar las bases mínimas del desarrollo policial, pericial y penitenciario.

Los estados se comprometieron a que, para 2029, habrán incrementado las capacidades de las policías estatales, Ministerios Públicos y Fiscalías. Además, se estableció que para enero de 2028, cada entidad cuente con al menos una academia de seguridad homologada, conforme al modelo operativo que el SESNSP publicará en enero de 2026.

El segundo acuerdo busca responder a la crisis nacional de personas desaparecidas, con base en las reformas a la Ley General en la materia.

Las entidades deberán homologar los tipos penales de desaparición forzada y cometida por particulares.

Fortalecer o crear fiscalías especializadas en desaparición.

Establecer procedimientos claros para declaratorias de ausencia.

Implementar la alerta nacional de búsqueda.

La Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía especializada deberán actualizar el protocolo de búsqueda a más tardar en enero de 2025. Desde 2026, las fiscalías y comisiones estatales estarán obligadas a adecuarse a dicho protocolo.

El SESNSP, además, desarrollará una metodología para la base nacional de carpetas de investigación, con el objetivo de fortalecer las capacidades forenses.

En el encuentro también se recordó que el pasado 10 de julio, la presidenta Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para facultar al Poder Legislativo a expedir una Ley General contra la extorsión.

Esta norma permitirá perseguir de oficio el delito, homologar su tipificación en todo el país y crear Fiscalías especializadas. Mientras se aprueba, los gobernadores deberán consolidar unidades de investigación contra extorsiones a más tardar en enero de 2026, con base en las denuncias recibidas a través de la línea 089.

“Los acuerdos que se toman el día de hoy tienen que ver con aterrizar estrategia en cada estado. Es decir, que en cada estado haya atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento de las policías estatales y coordinación”, subrayó Sheinbaum.